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title: "Afiliaciones truchas: la UCR lleva a la Justicia a López Tozzi por afiliar a la vice de la UCR"
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description: "Una dirigente de la UCR en Formosa denunció haber sido afiliada sin su consentimiento a otro espacio político, en una causa que involucra al diputado Esteban López Tozzi y apunta a delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa. El caso abre sospechas sobre un posible mecanismo sistemático de captación irregular de afiliados para engrosar padrones y consolidar estructuras partidarias con respaldo ficticio."
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date_published: "2026-04-14T11:03:00-03:00"
date_modified: "2026-04-14T11:07:24-03:00"
tags:
  - "Afiliaciones truchas"
  - "Consolidación liberal"
  - "Denuncia"
  - "Esteban Lopez Tozzi"
  - "Justicia Federal"
  - "Panquequeada"
author_name: "leonardo fernández acosta"
author_url: "https://formosainvestiga.com.ar/usuario/2/leonardo-fernandez-acosta"
author_bio: "Licenciado en Comunicación Social UNLP"
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# Afiliaciones truchas: la UCR lleva a la Justicia a López Tozzi por afiliar a la vice de la UCR

La interna política suma un nuevo capítulo con ribetes judiciales. La Unión Cívica Radical denunció penalmente al diputado provincial Esteban López Tozzi , ex referente de La Libertad Avanza y hoy enrolado en Consolidación Liberal por presuntas maniobras de afiliaciones partidarias irregulares.

La presentación fue impulsada por Elena María Piombino, vicepresidenta primera del radicalismo formoseño, quien aseguró haber sido afiliada sin su consentimiento a otra fuerza política. Según su testimonio, la maniobra no solo falsificó su voluntad, sino que impactó directamente en su participación dentro de la vida interna del partido.

La denuncia apunta a delitos de falsificación de documento, falsedad ideológica y uso de documento falso. En concreto, se sostiene que se habrían confeccionado fichas con firmas y datos adulterados para inflar padrones partidarios y consolidar estructuras políticas con respaldo ficticio.

En ese esquema también aparece mencionado Pablo S. Míguez, señalado como presunta “autoridad certificante” en la documentación cuestionada, lo que agrava la sospecha sobre la legitimidad del proceso.

Desde la UCR advierten que el caso podría ser apenas la punta del iceberg. Sospechan de una práctica sistemática orientada a reclutar afiliados de manera fraudulenta para ganar músculo político y ventaja electoral.

La Justicia ahora tendrá la tarea de determinar si se trató de un hecho aislado o de un mecanismo aceitado en las sombras. Mientras tanto, el escándalo expone una vez más la fragilidad de los controles en la vida interna de los partidos y deja flotando una pregunta incómoda: cuántas voluntades políticas están siendo usadas sin saberlo.

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