--- canonical_url: "https://formosainvestiga.com.ar/contenido/3748/los-ministros-del-stj-quieren-menos-derechos-y-mas-poder-sobre-los-empleados-la-" title: "Los Ministros del STJ quieren menos derechos y más poder sobre los empleados: la justicia de Formosa entre el discurso de la Ley y la concentración de poder" article_type: "Article" description: "La reforma de la Ley 521, impulsada desde el propio Superior Tribunal de Justicia y encaminada a través de la Legislatura provincial, abre la puerta a una mayor discrecionalidad sobre los trabajadores judiciales. Se eliminan garantías concretas sobre las ferias, se amplían las facultades para cambiar horarios, trasladar personal, reasignar funciones y administrar la carrera administrativa. Una modernización institucional que, antes que discutir cómo mejorar el servicio de justicia para los ciudadanos, parece concentrarse en cómo ampliar el poder de quienes conducen el Poder Judicial." main_image: "https://formosainvestiga.com.ar/download/multimedia.normal.97370a25ac0c9f50.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-12T09:06:00-03:00" date_modified: "2026-11-12T09:14:23-03:00" tags: - "Gobierno de Gildo Insfrán" - "Justicia militante" - "Modificación Ley 521" - "Quita de derechos" author_name: "leonardo fernández acosta" author_url: "https://formosainvestiga.com.ar/usuario/2/leonardo-fernandez-acosta" author_bio: "Licenciado en Comunicación Social UNLP" category_name: "Locales" category_url: "https://formosainvestiga.com.ar/categoria/2/locales" --- # Los Ministros del STJ quieren menos derechos y más poder sobre los empleados: la justicia de Formosa entre el discurso de la Ley y la concentración de poder ![ALUCIN](/download/multimedia.normal.97370a25ac0c9f50.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Hay reformas que se presentan con el lenguaje solemne de la modernización, la eficiencia y la reorganización institucional, pero que, cuando se las despoja de la retórica burocrática y se las compara artículo por artículo, dejan al descubierto una cuestión bastante menos elegante: quién gana poder y quién pierde garantías. Eso es precisamente lo que aparece en el proyecto de reforma de la Ley 521 del Poder Judicial de Formosa, contenido en el Despacho N.º 72, expediente 157/2026, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia. Y el primer dato que debería encender todas las alarmas es que la reforma no parece tener como preocupación central garantizar una justicia más independiente, más transparente, más accesible y más eficiente para los ciudadanos. El documento comparativo revela que uno de sus efectos más relevantes es ampliar la capacidad de decisión de la conducción judicial sobre las condiciones laborales de sus propios trabajadores. Dicho sin eufemismos: más poder para las autoridades, menos certezas para los empleados. La Ley 521 establecía determinadas garantías que ahora desaparecen o quedan sujetas a decisiones posteriores del Superior Tribunal. No se trata de una interpretación caprichosa ni de una operación política. Está escrito en la comparación normativa. La feria judicial es uno de los ejemplos más contundentes. La legislación vigente establecía un mínimo de 30 días para la feria de verano y 14 días para la de invierno. El proyecto elimina esos pisos temporales expresos y deja en manos del Superior Tribunal la determinación de los períodos. ¿Para qué eliminar una garantía que ya existe si no se pretende modificar las condiciones bajo las cuales se ejerce ese derecho? La pregunta no es menor. Porque cuando una garantía deja de estar establecida por ley y pasa a depender de la voluntad reglamentaria de una autoridad, el trabajador pierde una certeza jurídica y queda expuesto a una decisión discrecional. La misma lógica aparece en la jornada laboral. El proyecto incorpora expresamente distintas modalidades de prestación, presencialidad, trabajo remoto, audiencias virtuales y turnos, pero no establece límites suficientemente precisos para las modificaciones horarias ni garantías específicas sobre la compensación de eventuales horas extraordinarias. La flexibilidad organizativa puede ser necesaria en cualquier institución moderna. Lo que no puede convertirse es en una autorización abierta para disponer del tiempo de los trabajadores sin reglas claras. La modernización no consiste en que un empleado judicial deba vivir pendiente de qué horario se le ocurrirá imponer a la autoridad de turno. Pero hay algo todavía más preocupante: la movilidad funcional. El artículo 15 habilita al Superior Tribunal a disponer traslados transitorios de agentes por necesidades objetivas del servicio, mediante resolución fundada. El artículo 35, por su parte, otorga a la Secretaría de Gobierno facultades para reasignar personal administrativo, técnico y de maestranza entre dependencias bajo su responsabilidad. El problema no es que una institución pueda organizar sus recursos humanos. El problema es que el proyecto no establece con suficiente precisión plazos máximos, mecanismos de oposición, criterios objetivos ni garantías procedimentales que impidan que esas facultades terminen utilizándose arbitrariamente. Un trabajador puede encontrarse de un día para otro en otra dependencia, con otras funciones y otra organización laboral, sin que el proyecto le garantice expresamente un mecanismo efectivo para cuestionar una decisión de esa naturaleza. La reforma deja a los trabajadores judiciales sin garantías suficientemente claras frente a los posibles abusos de autoridad, sin mecanismos específicos de revisión de las decisiones arbitrarias y expuestos a que las reasignaciones de funciones o dependencias puedan convertirse en herramientas de disciplinamiento interno al servicio de la discrecionalidad de sus superiores. Porque el problema de las facultades discrecionales no es solamente lo que una autoridad puede hacer. También es lo que un trabajador deja de poder reclamar cuando la norma no establece límites suficientemente claros. ### MENOS PERSONAL, MÁS SOBRECARGA Y UNA CARRERA QUE PUEDE DEPENDER DE LA VOLUNTAD DE ARRIBA La reforma también introduce modificaciones que merecen una atención especial en materia de dotación y carrera administrativa. La Ley 521 contemplaba, en su artículo 92, al menos un auxiliar para los Ministerios Públicos. El proyecto ya no reproduce ese mínimo legal expreso y remite la determinación de la planta a la Ley de Presupuesto y a las acordadas del Superior Tribunal. Traducido al funcionamiento cotidiano: pueden existir dependencias con menos personal, vacantes sin cubrir y una distribución de tareas cada vez más exigente para quienes permanecen trabajando. En una estructura judicial donde la demora de los expedientes, la acumulación de trabajo y las dificultades de atención al público deberían constituir una preocupación central, resulta llamativo que se avance sobre la garantía de dotaciones mínimas sin establecer mecanismos que aseguren condiciones razonables de funcionamiento. La justicia no funciona con discursos institucionales. Funciona con empleados, funcionarios, magistrados, infraestructura y recursos. Y si se pretende mejorar el servicio, lo primero que debería discutirse es cómo fortalecer esa estructura, no cómo flexibilizar las condiciones de quienes la sostienen diariamente. Pero el artículo 83 abre otro frente todavía más delicado: la carrera administrativa. El proyecto remite el ingreso, la permanencia, los ascensos y la capacitación al Régimen Interno de Administración Judicial y a las demás disposiciones que dicte el Superior Tribunal. Aquí aparece una cuestión institucional de fondo. Si no existen criterios objetivos, concursos transparentes, mecanismos de evaluación verificables y reglas de promoción basadas en el mérito, la carrera administrativa corre el riesgo de quedar condicionada por decisiones internas de la conducción judicial. ¿Dónde queda entonces el mérito? ¿Dónde queda la capacitación? ¿Dónde queda el derecho de un empleado a progresar profesionalmente sin tener que depender de afinidades, relaciones o simpatías con quienes administran el poder? Una carrera administrativa no puede convertirse en una carrera de obediencia. Y mucho menos dentro de un Poder Judicial, que por definición debería ser el primer garante de la legalidad, la igualdad y el respeto por los derechos. ### EL PODER JUDICIAL NO PUEDE CONFUNDIR AUTORIDAD CON IMPUNIDAD ADMINISTRATIVA Hay un aspecto que merece una discusión todavía más profunda: la concentración de facultades en el Superior Tribunal. Los artículos 27, 28 y 160 del proyecto consolidan un marco de organización, reglamentación, administración, control disciplinario y planificación institucional. Algunas de esas atribuciones ya existían en la normativa anterior, por lo que sería incorrecto presentarlas todas como novedades. Pero, combinadas con los cambios en horarios, ferias, traslados, reasignaciones y carrera administrativa, configuran un escenario de mayor capacidad de intervención sobre la vida laboral del personal. Y aquí aparece una contradicción que no puede pasar inadvertida. El Poder Judicial es el ámbito donde los ciudadanos acuden cuando consideran que una autoridad se excedió, cuando una administración vulneró un derecho o cuando alguien utilizó su posición de poder para imponer una decisión arbitraria. Sin embargo, cuando se trata de sus propios trabajadores, el proyecto parece inclinarse por ampliar las facultades de la conducción y dejar varias garantías sujetas a futuras reglamentaciones. La Constitución de Formosa, en sus artículos 89 y 90, contiene previsiones sobre estabilidad del empleado público y carrera administrativa. No son concesiones graciosas de ninguna autoridad. Son garantías constitucionales. El Superior Tribunal puede organizar el funcionamiento del Poder Judicial, pero no puede convertir esa potestad organizativa en una autorización para debilitar derechos constitucionales. Tampoco puede pretender que una simple acordada resuelva aquello que debería estar expresamente protegido por una ley. ### UNA LEGISLATURA QUE NO DEBE FUNCIONAR COMO ESCRIBANÍA Y en este escenario aparece la responsabilidad de la Legislatura provincial. Porque el proyecto llega a través de un despacho de comisión que aconseja su aprobación. Pero una cosa es recomendar una reforma y otra muy distinta es asumir que los legisladores deben levantar la mano sin examinar sus consecuencias. La Legislatura no es una oficina de homologación de las decisiones de otros poderes. No está para convertir en ley cualquier iniciativa que llegue con membrete institucional y lenguaje jurídico. Los diputados tienen la obligación de estudiar, discutir y modificar aquello que pueda afectar derechos de los trabajadores. Si el Superior Tribunal pretende modernizar la organización judicial, que explique por qué elimina los mínimos legales de las ferias. Que justifique por qué no establece límites temporales precisos para los traslados. Que explique cómo garantizará los concursos y los ascensos por mérito. Que detalle qué mecanismos tendrá un empleado para impugnar una reasignación arbitraria. Que asegure que la flexibilidad horaria no se convertirá en disponibilidad laboral ilimitada. Y que lo haga antes de aprobar la reforma, no después, cuando los trabajadores tengan que salir a reclamar por las consecuencias de una norma que ya fue sancionada. La comparación también demuestra que no todo lo que contiene el proyecto constituye una pérdida nueva. Las sanciones disciplinarias, los plazos recursivos y determinados mecanismos de implementación ya estaban contemplados en la Ley 521. Por eso sería intelectualmente deshonesto atribuirle a la reforma restricciones que no introduce. Pero precisamente por eso resultan todavía más importantes los cambios que sí aparecen: los que eliminan garantías expresas y amplían márgenes de discrecionalidad. ### ¿El documento comparativo no demuestra que el proyecto modernice la Justicia En cambio, sí identifica modificaciones concretas que pueden afectar la jornada, los descansos, los traslados, la distribución del personal y las posibilidades de ascenso de los empleados judiciales. Y esa es la verdadera dimensión política de esta reforma. Una justicia que pretende ser respetada por la sociedad debe empezar por respetar los derechos dentro de su propia estructura. No puede exigirles a los ciudadanos que acepten la legalidad de sus decisiones mientras deja a sus trabajadores expuestos a facultades insuficientemente delimitadas. No hay modernización institucional cuando el precio de la reorganización es reducir garantías. No hay eficiencia cuando se confunde autoridad con discrecionalidad. Y no hay justicia cuando quienes tienen la obligación de proteger los derechos parecen olvidar que sus propios empleados también los tienen. El proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo y el documento de trabajo advierte que el Despacho N.º 72 no acredita por sí mismo la sanción y promulgación de una nueva ley. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de introducir modificaciones y establecer protecciones concretas. Los artículos 10, 11, 15, 35, 82 y 83 deberían ser objeto de una revisión exhaustiva. No alcanza con prometer que las facultades se ejercerán razonablemente. Los derechos no pueden depender de la buena voluntad de quien tiene el poder de administrarlos. La Legislatura tiene la oportunidad de demostrar que no es una escribanía del poder judicial. Y el Superior Tribunal tiene la obligación de explicar por qué una reforma que debería fortalecer la justicia comienza debilitando certezas laborales. Porque si la respuesta a la modernización es más poder para los de arriba y menos derechos para los de abajo, entonces no estamos frente a una reforma de la justicia. Estamos frente a una reforma del poder de quienes la conducen. Y eso, en una provincia donde la concentración del poder constituye una de las grandes discusiones institucionales, no es un detalle administrativo. Es una señal política que merece toda la atención pública. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.