La creación de dos formoseños y dos tucumanos que promete revolucionar los tribunales

Mientras gran parte del debate sobre la modernización del Estado sigue atrapado entre discursos y promesas, cuatro jóvenes profesionales del norte argentino decidieron demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Sin presupuestos millonarios, sin estructuras burocráticas y en apenas unas jornadas de trabajo, desarrollaron una propuesta que podría cambiar para siempre la relación entre las víctimas y la Justicia.

El proyecto se llama "Mi Proceso" y fue presentado en el Hackathon Norte Potencia 2026, organizado por Potencia Argentina. Su objetivo es simple, pero profundamente transformador: que cualquier víctima de un delito pueda seguir el estado de su expediente judicial con la misma facilidad con la que hoy sigue un envío de Mercado Libre.

La idea nace de un dato tan contundente como preocupante: ocho de cada diez ciudadanos no saben cómo seguir una causa judicial en Tucumán y seis de cada diez víctimas no entienden en qué etapa se encuentra su expediente. La consecuencia es conocida por cualquiera que haya atravesado el sistema judicial: llamadas interminables, visitas a tribunales, incertidumbre y una constante revictimización.

Detrás de la iniciativa hay cuatro integrantes del NOA que combinaron experiencias muy distintas para construir una solución integral.

Los formoseños Héctor Adrián Argañaraz Gamarra, fundador de Fusa Labs y desarrollador de software, responsable de la arquitectura tecnológica del prototipo, y Santiago Matías Sent, desarrollador de software y funcionario público con experiencia en administración estatal. Los acompañan los tucumanos Ana Sofía Rubino, activista y sobreviviente de abuso sexual intrafamiliar, cuya historia personal fue el motor del proyecto, y el abogado José Agustín Olmedo, funcionario de la municipalidad de Formosa que aportó el conocimiento jurídico necesario para garantizar la viabilidad institucional de la propuesta.

La fuerza del proyecto no reside únicamente en la tecnología, sino en comprender el verdadero problema.

Los desarrolladores entendieron que los datos ya existen dentro del Sistema de Administración de Expedientes (SAE). El inconveniente no es la falta de información, sino la enorme dificultad que tienen las víctimas para acceder a ella y comprenderla.

Por eso diseñaron tres herramientas que podrían integrarse al sistema judicial.

La primera es un Timeline Visual, donde cada movimiento del expediente aparece en orden cronológico, explicado en lenguaje ciudadano, indicando qué organismo intervino, qué ocurrió y cuál es el estado de cada etapa.

La segunda incorpora notificaciones automáticas y sincronización con Google Calendar, para que audiencias, citaciones y vencimientos lleguen al correo electrónico del usuario sin necesidad de ingresar todos los días al sistema.

La tercera es quizás la más innovadora: un Asistente Judicial basado en Inteligencia Artificial, entrenado con el Código Procesal Penal de Tucumán, la Ley Nacional de Derechos de las Víctimas y la información específica de cada expediente. El usuario puede preguntar, por ejemplo, qué significa una resolución, cuál es el estado de la causa o cuándo será la próxima audiencia, recibiendo respuestas claras y comprensibles, sin jerga jurídica.

Pero "Mi Proceso" también resuelve otro aspecto crítico: la seguridad.

La propuesta prevé que la cuenta sea creada automáticamente cuando el expediente ingresa al SAE y que la víctima valide posteriormente su identidad mediante verificación documental y biométrica (KYC), evitando registros manuales y fortaleciendo la protección de los datos personales.

No se trata solamente de una aplicación.

Se trata de cambiar una cultura administrativa que durante décadas colocó toda la carga sobre quien ya había sufrido un delito.

En lugar de obligar a la víctima a perseguir al expediente, el expediente comienza a informar permanentemente a la víctima.

El proyecto incluso se encuentra alineado con los principios de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas y con las recomendaciones de la CEPAL respecto de la transformación digital del Estado, demostrando que la innovación tecnológica también puede convertirse en una política pública de acceso a la justicia.

Como parte del Hackathon, el equipo desarrolló un prototipo completamente navegable, construido con Next.js, TypeScript y Tailwind CSS, que permite experimentar el funcionamiento de las tres herramientas mediante datos simulados.

La enseñanza trasciende a Tucumán.

En una Argentina donde la digitalización suele avanzar más lento que las necesidades de los ciudadanos, cuatro profesionales del norte demostraron que muchas veces las mejores soluciones no requieren grandes presupuestos, sino escuchar a quienes padecen el sistema todos los días.

Quizás el verdadero desafío ya no sea desarrollar la tecnología. La pregunta ahora es si las instituciones estarán dispuestas a adoptarla.