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Mientras los formoseños pagan la factura de un Estado que se mete en todo, San Martín sueña con ascender bajo la sombra de los contactos de Gildo Insfrán con la cúpula de la AFA. Las sospechas sobre los arbitrajes abren un interrogante explosivo: si el poder político también juega este campeonato, falta saber quién financia la fiesta y si la cuenta terminará, como tantas otras, a cargo de los contribuyentes.

La pirámide salarial del Estado formoseño parece tener una particularidad: cuanto más arriba se está, menos se siente la crisis; cuanto más abajo se está, más se pulveriza el salario. Ahora la discusión llegó al Poder Judicial, donde los trabajadores denuncian que la histórica proporcionalidad entre categorías quedó prácticamente destruida mientras la cúpula del Superior Tribunal se despega cada vez más del resto de los empleados.

Se trata de los trámites convocados para cubrir 17 cargos de fiscales, 13 de fiscales generales ante los Tribunales Orales y Cámaras de Apelaciones Federales, 3 vacantes de fiscal general adjunto del Procuración General de la Nación y 7 vacantes de fiscales de la PGN. La inscripción finalizó el 25 de septiembre pasado.

Omar Padilla, exconcejal peronista y hombre de confianza de Gildo Insfrán, firmó una sentencia que violaba la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y la Convención Americana. No fue un error: fue un acto de censura indirecta desde el corazón del poder formoseño. La revocación posterior solo confirma que, en Formosa, para ejercer el periodismo primero hay que sobrevivir al aparato judicial del gobernador.

Malich defiende el Estado como si cantidad de empleados fuera sinónimo de rutas buenas, pero el mundo desarrollado ya entendió otra cosa: el Estado debe controlar, no necesariamente construir. Brasil y Chile concesionaron sus rutas, incorporaron capital privado y lograron mejores niveles de servicio. En Argentina, mientras tanto, el kirchnerismo convirtió buena parte de la obra pública en una monumental caja de corrupción. El estatismo pudo ser una herramienta de desarrollo hace un siglo; hoy, con décadas de burocracia, despilfarro y corrupción a cuestas, puede convertirse en un ancla de 10 mil toneladas que impide avanzar.

El intendente Pablo Basualdo encabezó la ceremonia junto a familiares del soldado. Nacido en una zona rural y criado en Las Lomitas, sus restos descansan en el cementerio local.

Mientras el Gobierno de Gildo Insfrán acumula reuniones, funcionarios, diagnósticos y fotografías sobre comercio exterior, Formosa sigue aportando apenas el 0,05% de las exportaciones argentinas. Décadas de “Modelo Formoseño” y una burocracia especializada en anunciar potencial no lograron convertir ese supuesto potencial en dólares, empresas exportadoras ni mercados internacionales. Mucho VUCE, mucha reunión, mucho federalismo declamado y los resultados son un fantasma carísimo.

Le cortaron un neumático con un elemento filoso mientras estaba estacionado dentro del campus. El ataque, que dejó el rodado completamente inutilizado, reaviva la preocupación por la falta de seguridad en la universidad y apunta directamente contra un trabajador que acaba de asumir sus funciones.

Mientras Formosa agoniza con casi 48,6% de pobreza estructural tras tres décadas de gildismo, una funcionaria del Ministerio de Gobierno se encuentra en Cancún, México. Hace un año fue Dubái. Ahora es el Caribe. Sin registros oficiales, sin autorización conocida, sin explicación alguna. La transparencia brilla por su ausencia y el silencio oficial es una bofetada a los formoseños.

El presidente retrocedió: en el reportaje con Luis Majul admitió que no encarcelaría a periodistas por hacer su trabajo, marcando una diferencia con la persecución judicial de Gildo Insfrán en Formosa. Ese reconocimiento de un límite, aunque tardío y a contramano de su primer tuit celebratorio, es un alivio y una señal de que la presión pública funciona.
 
 

Omar Padilla no disimula: fue concejal, dirigente justicialista, vocero del "proyecto" de Gildo Insfrán y hombre de confianza del ministro Guillermo Alucín. El mismo STJ que lo excluyó por incompatible lo nombró juez. Ahora firmó una condena a prisión contra cuatro periodistas por no tener un carnet que la Constitución prohíbe exigir. No es un error judicial: es un mensaje. En Formosa, la justicia no protege derechos: protege al gobernador.

Con un 42,8% y un 42,3% de imagen positiva, los gobernadores de Formosa y La Rioja cierran la tabla de CB Global Data en septiembre de 2026. No es un empate técnico: es el certificado de defunción de dos modelos de gestión que la gente ya no quiere ver ni en pintura. Mientras uno sobrevive a los ponchazos, el otro se hunde sin freno.

La denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner bajo la lupa a una fuerza cuya conducción política lleva décadas bajo el mismo poder. Si se pretende recuperar una Policía al servicio de los ciudadanos, no alcanza con cambiar nombres: hace falta revisar la cúpula, investigar las cadenas de mando y terminar con cualquier estructura que convierta a agentes públicos en instrumentos de persecución política.

La Cámara Federal de Resistencia revocó la "medida precautelar" que el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, dictó a fines de agosto contra la Universidad Nacional de Formosa y le propinó una amonestación sin precedentes: lo acusó de causar un "daño institucional" con una medida "prematura", "lesiva" y "carente de sustento probatorio", le advirtió que sus fallos son "capaces de quebrar" el normal funcionamiento del Consejo Superior y le ordenó "no interferir" en los procesos internos de la universidad. El fallo no solo desnuda un patrón de activismo judicial desmedido: consagra un principio fundamental, la autonomía universitaria no es un obstáculo que el juez pueda saltar a gusto, sino un límite constitucional que debe respetar.

Pozo del Tigre se prepara para festejar su aniversario mientras una familia todavía intenta saber por qué Jacqueline terminó muerta. La Policía habría decidido que la denuncia puede esperar hasta después de los festejos, la atención médica dejó demasiados interrogantes y el Estado parece más preocupado por que el pueblo llegue prolijo a la celebración que por escuchar a una madre que reclama respuestas por la muerte de su hija.

El intendente Pablo Basualdo destacó la convocatoria del operativo nacional en Las Lomitas, donde cientos de vecinos accedieron a prestaciones de salud, trámites y gestiones de organismos nacionales sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.

El 4,4% de desocupación que permite al Gobierno exhibir a Formosa como una supuesta campeona del empleo necesita una aclaración incómoda: el INDEC también registra que apenas el 40% participa del mercado laboral y que la tasa de empleo es inferior al promedio nacional. El truco no está en el número, sino en mirar solamente el número que conviene.

El gerente de Aguas de Formosa salió a explicar el 22,2% como alumno que llega a un final sin haber abierto un libro: enumeró energía, salarios, insumos y costos operativos, habló mucho y explicó poco. La cuenta que transforma toda esa “sarasa” en un aumento concreto para el bolsillo de los usuarios, curiosamente, nunca apareció.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla $1,442 billones de gasto con ubicación geográfica en Formosa. Sin embargo, más del 90% corresponde a transferencias, principalmente jubilaciones, pensiones y programas sociales. Para Vialidad Nacional aparecen $12.950 millones y para infraestructura educativa apenas $209 millones.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

La Defensoría del Pueblo de Formosa descubrió que las rutas nacionales están destruidas y llevó el reclamo a la Justicia. Bien. Pero administra su lupa con una precisión sospechosa: mira con furia los 1.307 kilómetros que dependen de Buenos Aires y aparta la vista de los 4.105 kilómetros que dependen de Gildo Insfrán. La seguridad vial no puede ser un derecho de dos velocidades. Un pozo provincial mata igual que uno nacional. Y el silencio de Gialluca sobre la red que administra la Provincia ya no es un olvido: es una decisión política.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.

El organismo provincial volvió a demostrar que la improvisación burocrática la terminan pagando los ciudadanos: primero cerró el trámite y después reveló las exclusiones, obligando a cientos de familias a correr contra el reloj. Cuando se administra la esperanza de acceder a una vivienda, la desorganización no es un detalle: se traduce en angustia, incertidumbre y en la sensación de que el Estado siempre llega tarde.