leonardo fernández acosta

Mientras la Justicia investiga a la titular del organismo encargado de controlar las cuentas públicas, la Legislatura eligió protegerla. El oficialismo bloqueó el juicio político, impidió que se escucharan sus fundamentos y convirtió una sesión parlamentaria en una demostración de fuerza para garantizar que nadie toque a los propios.

La compra de camperas valuadas en alrededor de 160 mil pesos cada una reavivó el malestar dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, donde médicos y trabajadores aseguran que las prioridades parecen estar lejos de las necesidades urgentes de hospitales y centros de salud. Nombramientos para todos y hasta viviendas del IPV con entrega en 24 horas.

Mientras médicos y personal sanitario denuncian recortes de guardias, auditorías y pérdida de espacios de decisión, la nueva gestión suma funcionarios que no son médicos y profundiza el malestar dentro del sistema de salud pública.

Quien desde hace años actúa como defensor del relato oficial de Gildo Insfrán acusa de sesgo a una investigación basada en estadísticas públicas. Cuando los números incomodan al poder, la estrategia vuelve a ser atacar a quien los expone. El rector a dedo de la UPLaB intentó desacreditar el informe de la UCA sobre vulnerabilidad social en Formosa apelando a argumentos políticos antes que académicos.

Mientras el gobierno de Gildo Insfrán exhibe obras, actos y cifras de gestión, Formosa aparece entre las provincias con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país. Detrás del relato oficial sobreviven comunidades sin agua, sin vivienda digna y con familias que apenas acceden a un plato de comida.

El diputado nacional Atilio Basualdo acusó al procurador general Sergio Rolando López de ser un "delincuente" y denunció que la fiscal Estela Zabala y el juez Marcelo Picabea forman parte de una estructura judicial que, según afirmó, arma causas por encargo político de Gildo Insfrán para perseguir opositores y garantizar resultados previamente definidos desde el poder.

El oficialismo y sectores de la oposición rechazaron discutir el proyecto de manera exprés, aunque coincidieron en que la cuestión merece análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El debate terminó con un fuerte cruce entre el senador formoseño y Victoria Villarruel.

El abogado Javier Vargas pidió que otro organismo analice los teléfonos peritados para determinar si la pérdida de información fue provocada por sus propietarios o se produjo durante la investigación. La polémica vuelve a poner el foco sobre la calidad de las pruebas en una causa que sigue sin respuestas.

La invisibilización del caso Xiomara Portillo y la ausencia de reclamos al gobierno de Gildo Insfrán durante la marcha de Ni Una Menos expusieron una contradicción difícil de ocultar: una causa nacida para exigir justicia pierde fuerza cuando silencia los casos más sensibles de la provincia y evita señalar a quienes gobiernan desde hace más de tres décadas las políticas destinadas a prevenir la violencia de género.

La difusión de un video que mostraba una intensa llamarada en la planta de Unitán derivó en denuncias por intimidación pública, desmentidas oficiales, una controvertida retractación y la detención de Daniel Suizer. Mientras persisten las dudas sobre lo ocurrido dentro de la fábrica, el caso reabre el debate sobre los límites del poder, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a informarse en la Formosa gobernada por Gildo Insfrán.

Los diez gobernadores de la región se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, para plantear una agenda común centrada en rutas nacionales deterioradas, abastecimiento de gas, logística e inversiones. Formosa participó del encuentro junto al resto de las provincias del NOA y NEA en un contexto marcado por la caída de la obra pública y las dificultades productivas del interior.

El intendente de Las Lomitas denunció que el Instituto Provincial de la Vivienda y el Poder Judicial realizan obras sin cumplir con las exigencias municipales. Asegura que se iniciarán acciones judiciales contra los organismos y las empresas constructoras involucradas.

Mientras Argentina cambiaba entrenadores, renovaba generaciones de futbolistas y hasta volvía a ser campeona del mundo, Formosa mantuvo una única constante política. Desde Francia 1998 hasta el Mundial 2026, pasaron Batistuta, Riquelme, Messi, Di María y Julián Álvarez; lo que no pasó fue el gobierno de Gildo Insfrán.

Las imágenes muestran que hubo fuego en las instalaciones de Unitan. La discusión ya no pasa por negar el hecho, sino por determinar su magnitud real. Mientras algunos sectores intentaron presentarlo como una catástrofe industrial y otros como un episodio inexistente, la falta de información oficial transparente terminó alimentando rumores, desconfianza y una polémica que pudo haberse evitado.

La entidad arrastra una deuda histórica millonaria mientras persisten preguntas sobre recursos destinados a la mutual y decisiones tomadas por administraciones anteriores, compra de casas, vehículos de alta gama y hasta la aparición de una farmacia relacionada a los involucrados.  Los prestadores siguen esperando respuestas y pagos que todavía no llegan.

Mientras el oficialismo celebra un informe basado en usuarios subsidiados y consumos acotados, quedan fuera de la foto los problemas estructurales de una provincia que sigue dependiendo cada vez más de la asistencia estatal para sostener su propio relato.

Mientras la Legislatura formoseña dedica sesiones a condenar las políticas sanitarias de Javier Milei, guarda un llamativo silencio sobre las falencias, carencias e indicadores críticos que arrastra el sistema de salud provincial tras más de tres décadas de gestión del mismo espacio político. La paradoja resulta aún más evidente cuando las críticas provienen de dirigentes que ocuparon durante años cargos clave en la administración sanitaria que hoy evitan someter a revisión.

La intervención de Prefectura intentando impedir la marcha de un vehículo y la posterior aparición de policías provinciales con el rostro cubierto reavivaron el debate sobre los límites de la actuación estatal. Más allá de la presunta mercadería de contrabando, las imágenes exponen procedimientos opacos, falta de identificación clara y una preocupante naturalización de métodos incompatibles con la transparencia que exige un Estado de Derecho.

La Cámara Federal de Resistencia le puso un freno judicial a la vieja lógica del privilegio permanente: el Estado argentino no tiene por qué financiar pasajes, hoteles y viáticos de dirigentes del Parlasur. El fallo contra Ricardo Branda ratificó que el Mercosur posee autonomía financiera propia y desmontó la idea de que cualquier cargo político, por difuso o improductivo que sea, merece vivir eternamente a costa del contribuyente.

Mientras el ministro Juan Carlos Atencia asegura que la salud pública “funciona bien”, una familia formoseña no puede acceder al certificado de nacimiento de su bebé con síndrome de Down por falta de especialistas en el Hospital de la Madre y el Niño. Entre burocracia, abandono y propaganda oficial, el relato sanitario del gobierno vuelve a chocar contra la realidad.

Más de un billón de pesos actuales, dos décadas de obras y un relato épico que nunca se tradujo en desarrollo real: la “Reparación Histórica” consolidó el poder político del gildismo, pero jamás produjo el salto estructural prometido para la calidad de vida de los formoseños, en medio de una alarmante falta de auditorías y controles públicos.

Mientras sectores del oficialismo provincial hablaron de una supuesta quita de derechos para personas con discapacidad y pacientes protegidos, la CNRT aclaró que la Resolución 28/2026 no elimina beneficios ni modifica las leyes vigentes, sino que reorganiza el sistema de compensaciones entre el Estado y las empresas.

Mientras la Policía de Formosa intentó reducir el operativo a una simple “diligencia investigativa” por una motocicleta, los videos en vivo y el relato de la doctora Ailín Narváez mostraron otra escena: policías de civil, refuerzos nocturnos, amenazas de detención y una familia aterrada en Lote 111. El parte oficial habló de legalidad; la realidad mostró miedo.

Mientras denuncia supuestos “atentados contra la democracia”, la conducción del gremio judicial formoseño consolida una estructura sin oposición interna, alineada al poder político y sostenida por la misma lógica hegemónica que el gildismo impuso durante décadas en la provincia.