Locales

El diputado nacional apuntó contra el Instituto de Tierras y la Policía de Formosa por un presunto ingreso irregular a un establecimiento rural de Las Lomitas. Asegura que no fue notificado, denuncia daños en los accesos y reclama la intervención de la Justicia Federal. Además, vinculó el episodio con su enfrentamiento político con Gildo Insfrán y volvió a poner bajo la lupa el manejo de las tierras fiscales en la provincia.

La diputada nacional Graciela de la Rosa quiso convertir una comisión de Presupuesto en una tribuna para defender el relato educativo del gildismo. Habló de las 1.550 escuelas, de los techos azules, del financiamiento provincial y de una supuesta inversión ejemplar. Pero Alejandro Álvarez, secretario de Educación de la Nación, le devolvió la discusión al terreno de los hechos y expuso, casi sin proponérselo, las contradicciones de una defensa política que en Formosa se repite como una verdad revelada, pero que en Buenos Aires no resiste demasiado cuando alguien conoce los números.

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Defender la universidad pública no significa justificar el gasto sin límites ni volver a la emisión y la inflación para financiarlo. Sin equilibrio fiscal, también quedan en riesgo la salud, la seguridad y los recursos que reciben las provincias. La discusión no es educación sí o no: es cómo financiarla sin empobrecer a la sociedad y cómo terminar con los privilegios, la falta de controles y el uso político de los recursos públicos.

Mientras De Loredo lanza "Hacer el Futuro" y usa a Formosa como sinónimo de estancamiento, la provincia gobernada por el peronismo desde 1995 sigue sin poder escribir su propia historia: pobreza estructural, dependencia del empleo público y una dirigencia que hace décadas confunde perpetuarse con gobernar.

La Policía de Formosa confirmó la detención del presunto autor del doble homicidio ocurrido el viernes por la mañana en una estancia de Gran Guardia, donde un hombre y una mujer murieron por heridas de arma de fuego y una tercera mujer resultó lesionada. El arresto se produjo en territorio santafesino luego de que el sospechoso intentara alejarse de la provincia en un micro de larga distancia, y significó el cierre de una primera etapa de una investigación que avanza bajo la dirección de la Justicia.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

El Campus de la Universidad Nacional de Formosa volvió a ser escenario de daños y hechos de violencia. Esta vez, el blanco fue el Comedor Universitario. Rompieron el vidrio de la puerta principal y forzaron una de las puertas de emergencia. La reiteración de episodios vuelve a poner bajo la lupa la seguridad dentro de la institución.

La intervención de la Corte Suprema sobre el artículo transitorio de la nueva Constitución puede poner límites a una eventual novena candidatura de Gildo Insfrán. Pero convertir una decisión judicial en una bandera electoral y creer que, sin Insfrán, los mismos opositores de siempre heredarán automáticamente el poder es una muestra de ingenuidad política. La perpetuidad también existe del otro lado.

Matías Kulfas llegó a Formosa para explicar los errores de Milei y ofrecerle al peronismo una receta de estabilidad, producción y empleo. Lo que no llevó en la valija fue el balance de su propia gestión como ministro de Desarrollo Productivo: mucho diagnóstico sobre los fracasos ajenos y ninguna autocrítica sobre los resultados del gobierno del que formó parte.

La Cámara Federal rechazó el planteo por una cuestión procesal, pero no avaló la permanencia de los consiliarios cuestionados ni descartó las denuncias por presunta caducidad de mandato e incompatibilidades. El conflicto institucional sigue abierto y ahora deberá buscar otra vía judicial para llegar al fondo.

La señal más preocupante es cuando el crédito deja de financiar inversión o consumo extraordinario y comienza a utilizarse para cubrir gastos cotidianos como la  comida, la morosidad deja de ser solamente un problema bancario. Se convierte en un indicador de la capacidad real de los hogares para llegar a fin de mes.

El Gobierno de Gildo Insfrán vuelve a convertir una enorme erogación de fondos públicos en una operación propagandística: se anuncian más de 200.000 juguetes, se despliega una gigantesca logística por toda la provincia, pero no aparece con claridad cuánto costó la compra ni quién fue el proveedor. Una estimación razonable permite ubicarla en el orden de los $1.500 a $2.000 millones, aunque el monto real solamente puede surgir del expediente de contratación.

El gobernador anunció un aumento del 15%, pero decidió entregarlo en tres cuotas de apenas 5%. En una provincia donde el ingreso de bolsillo de la enorme mayoría de los empleados públicos y jubilados ronda el millón de pesos, el anuncio no cambia la realidad: apenas administra la pobreza con mayor prolijidad.

El tribunal consideró que no se acreditó la urgencia ni la fuerte verosimilitud requerida para este tipo de acciones excepcionales, y reafirmó los límites de la autonomía universitaria frente al control judicial. Los jueces recordaron que, semanas antes, la misma Cámara había revocado el procesamiento del Rector Palmetler, por lo que la falta de información alegada por los actores no podía sustentar una situación de gravedad institucional que justificara la intervención del Poder Judicial en la órbita de autogobierno de la casa de altos estudios.

El ministro de Gobierno cuestionó la reunión nacional por el fenómeno climático y reclamó obras y respuestas concretas. Sin embargo, sus declaraciones omiten que integra desde hace años una administración provincial que gobierna desde 1995 y que atravesó períodos de abundante financiamiento nacional sin lograr una solución estructural para las inundaciones y las sequías recurrentes.

El discurso del senador José Mayans sobre la defensa de la soberanía territorial choca con un antecedente ineludible del propio "Modelo Formoseño": la adjudicación especial de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a LIAG Argentina S.A., una empresa de capital australiano, presentada en su momento como una apuesta al desarrollo y posteriormente  expropiada por la propia provincia.

Mientras el Gobierno provincial montó una inauguración con ministros, legisladores, funcionarios y discursos de celebración, el único que no cruzó el nuevo puente fue Gildo Insfrán. Sin el protagonista principal, el elenco completo intentó sostener una función donde abundaron los aplausos, las consignas políticas y las ovaciones al ausente.

La Ruta Provincial 21 de Villafañe sigue atrapada en un ciclo interminable de parches que el Gobierno presenta como grandes obras. Después de más de cuarenta años, la única infraestructura que parece haberse modernizado es la propaganda oficial: del asfalto, de una reconstrucción integral y de una solución definitiva, todavía no hay noticias.

La Provincia respondió a Greenpeace con porcentajes y expedientes que no hizo públicos. Sin resoluciones, estudios ambientales ni criterios técnicos verificables, la defensa oficial queda reducida a una declaración política. La existencia de un permiso no elimina el impacto del desmonte ni demuestra que las autorizaciones se ajustaron a la Ley Nacional de Bosques.

Lo que comenzó como un reclamo legítimo por un puente destruido terminó convertido en un espectáculo de poder. El Gobierno aceleró la obra cuando el conflicto empezó a tener costo político, pero una vez terminada decidió mantenerla cerrada. Mientras tanto, los vecinos siguieron aislados y la respuesta oficial fue enviar policías antimotines para impedir el paso y detener a un sereno que solo intentaba ir a trabajar.

Formosa montó un operativo digno de una película de acción para recibir a un diplomático cuya visita jamás justificó semejante despliegue. Sirenas, motocicletas, cortes de tránsito y una caravana lanzada a toda velocidad fueron la verdadera postal que dejó el Gobierno provincial.