Gustavo Sáenz

Apelando a la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, una acción judicial colectiva busca ponerle límite al uso político de alumnos y establecimientos educativos en la provincia de Formosa. Los demandantes buscan que la Justicia Federal declare inconstitucional la propaganda política en las aulas de todo el país.

El abogado del senador nacional denuncia que la condena por desmonte es nula de nulidad absoluta: el daño ambiental ocurrió antes de que Paoltroni fuera el dueño, la acción estaba prescrita y la jueza modificó el monto de la sentencia después de notificada. "Cualquier estudiante de primer año sabe que esto es inválido", sentencia.

En solo tres meses, los hermanos Costa habrían obtenido, según consta en el expediente, más de $257 millones en créditos del Banco Nación gracias a informes truchos y un rodeo de ganado que nunca existió. La Justicia ya tiene 13 procesados y la causa revela una ingeniería financiera que incluyó balances falsos, cheques sin fondo y una sociedad creada para lavar el botín mientras los acusados se declaraban en quiebra.

Tardío y tibio, el intento de ordenar el uso del nombre La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante expone más la falta de conducción que una solución real al conflicto interno, con un Ramiro Saavedra que operó por cuenta propia durante meses sin consecuencias claras.

Impresionante bloqueo deliberado del funcionamiento institucional en el Honorable Concejo Deliberante de Formosa, donde incluso se evitó tratar un dictamen impulsado por la oposición. Entre excusas formales y decisiones políticas, la comisión de Transporte quedó paralizada y el reglamento, según denunciaron, directamente ignorado.