Marcha contra la Corte

El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.

Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad

El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto,  la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.

Mientras el oficialismo proclama autonomía, el propio debate revela dependencia estructural: la provincia subsiste con dinero nacional, sube impuestos donde más duele y reparte recursos con desigualdad entre municipios, consolidando un modelo que concentra poder y castiga al trabajador.

Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.