TEA

La posible llegada de Gerardo Daniel Cacace a la justicia federal no es solo un nombramiento más: es la irrupción de una historia incómoda para el poder. El abogado que fue detenido por la policía provincial mientras ejercía su profesión hoy aparece como candidato a juez en una Formosa donde, desde hace décadas, la independencia judicial es materia de sospecha. En el tablero que empieza a mover el gobierno de Javier Milei, la provincia gobernada por Gildo Insfrán queda bajo una nueva mirada: la de actores que buscan introducir reglas de una república real en un territorio donde el poder, hasta ahora, jugó sin control.

En Formosa, la “contención” de los jubilados parece haberse reducido a una puesta en escena: salsa, chacarera, coro y aplausos, como si el problema fuera el tiempo libre y no el deterioro real de sus ingresos y oportunidades; una política que entretiene para disimular lo que falta, mientras sigue ausente lo esencial: mejores haberes, acceso a herramientas modernas, beneficios concretos y la posibilidad de vivir la vejez con algo más que resignación.

Mientras Corrientes, Chaco y Misiones sufren caídas en el patentamiento de autos, Formosa se mantiene firme con 1.118 unidades, sin variación interanual. Pero el dato que deslumbra es el de las motos: 4.142 patentadas en el primer trimestre, un crecimiento del 101,3% que duplica los registros del año pasado y se convierte en el más alto de la región NEA. La provincia elige la moto como herramienta de resiliencia económica, sin resignar el auto. Una foto que habla de una Formosa distinta, a contramano de sus vecinas.

Con la participación de Daniel Scioli, el diputado Atilio Basualdo y el intendente, Pablo Basualdo, avanzan las gestiones para posicionar al Bañado La Estrella y Fortín Soledad como destinos clave, con foco en el crecimiento local y el impulso a emprendedores.

La reactivación de la planta de uranio en Formosa con capitales estadounidenses expone un giro de fondo: el negocio avanza con beneficios fiscales y participación mixta, pero sin control político directo del gobierno provincial, dejando a Insfrán desplazado de una de las inversiones más estratégicas en su propio territorio.