Empatía

La entidad arrastra una deuda histórica millonaria mientras persisten preguntas sobre recursos destinados a la mutual y decisiones tomadas por administraciones anteriores, compra de casas, vehículos de alta gama y hasta la aparición de una farmacia relacionada a los involucrados.  Los prestadores siguen esperando respuestas y pagos que todavía no llegan.

La invisibilización del caso Xiomara Portillo y la ausencia de reclamos al gobierno de Gildo Insfrán durante la marcha de Ni Una Menos expusieron una contradicción difícil de ocultar: una causa nacida para exigir justicia pierde fuerza cuando silencia los casos más sensibles de la provincia y evita señalar a quienes gobiernan desde hace más de tres décadas las políticas destinadas a prevenir la violencia de género.

El diputado nacional Atilio Basualdo acusó al procurador general Sergio Rolando López de ser un "delincuente" y denunció que la fiscal Estela Zabala y el juez Marcelo Picabea forman parte de una estructura judicial que, según afirmó, arma causas por encargo político de Gildo Insfrán para perseguir opositores y garantizar resultados previamente definidos desde el poder.

Mientras el gobierno de Gildo Insfrán exhibe obras, actos y cifras de gestión, Formosa aparece entre las provincias con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país. Detrás del relato oficial sobreviven comunidades sin agua, sin vivienda digna y con familias que apenas acceden a un plato de comida.

Quien desde hace años actúa como defensor del relato oficial de Gildo Insfrán acusa de sesgo a una investigación basada en estadísticas públicas. Cuando los números incomodan al poder, la estrategia vuelve a ser atacar a quien los expone. El rector a dedo de la UPLaB intentó desacreditar el informe de la UCA sobre vulnerabilidad social en Formosa apelando a argumentos políticos antes que académicos.