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El constitucionalista Antonio María Hernández acusó al Superior Tribunal de Justicia de Formosa de garantizar la impunidad política del poder provincial al rechazar el reclamo de Las Lomitas por fondos de coparticipación. Denunció una Justicia “sometida”, expedientes “cajoneados” y una maniobra deliberada para seguir quitándole al municipio cientos de millones de pesos mientras el Gobierno de Gildo Insfrán mantiene congelados índices de distribución desde hace décadas.

La crisis universitaria expone mucho más que el ajuste de Javier Milei: detrás de las marchas aparecen internas feroces, estructuras de militancia financiadas con fondos públicos y dirigentes que ayer callaban frente al manejo político como por ejemplo en la UNaF donde hoy se presentan como defensores de la educación pública. Entre el deterioro salarial real y las cajas millonarias en disputa, la universidad quedó atrapada en una guerra de poder.

El gobernador formoseño utilizó una inauguración escolar para lanzar ataques contra la oposición, acusar al Gobierno nacional de “destruir la patria”, sugerir que Javier Milei debería estar “encerrado” y afirmar que la inteligencia artificial “se hizo desde el Pentágono para destruir”. Entre chicanas, discursos de odio y relatos épicos, volvió a presentar a Formosa como un modelo de “paz social” después de casi 30 años de poder absoluto.

Habla de ética, verdad y democracia, pero integró durante años un Superior Tribunal que jamás enfrentó al poder de Gildo Insfrán. Mientras Formosa avanzaba sobre libertades, restringía derechos en pandemia y castigaba voces críticas, Ariel Gustavo Coll fue parte de una Justicia subordinada al oficialismo, incapaz de actuar como límite institucional y siempre funcional al modelo hegemónico del poder provincial.

Entre insultos, gritos de “falopero”, “hijo de puta” y “muerto de hambre”, gestos obscenos y un recinto convertido en una pelea de barrabravas, el tibio Eber Solís dejó correr el escándalo mientras el gildismo, amparado en su mayoría automática, logró aprobar el blindaje político de la Justicia provincial: se aseguró lugares estratégicos en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para consolidar aún más el control del poder sobre jueces y fiscales, todo mientras evitaban debatir el caso del intendente Antonio Caldera y la impunidad que rodea al oficialismo.