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Mientras los afiliados soportan la falta de especialistas, largas esperas y trámites interminables, ahora también deben tolerar respuestas soberbias, burlas y una atención impropia de un organismo que existe para cuidar la salud de quienes financian el sistema. La sucursal sobre la calle Rivadavia sumó la falta de respeto a la lista.

Mientras tres decanos de la Universidad Nacional de Formosa enfrentan denuncias por presuntamente no reunir los requisitos legales para ejercer sus cargos, una nueva controversia por la incorporación de una representante al Consejo Superior, mediante una medida judicial excepcional, profundiza una crisis institucional que ya no gira en torno a la educación, sino a la legitimidad de quienes conducen la casa de altos estudios.

Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.

El Gobierno reabre el plazo para que los estatales regularicen una obligación administrativa bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Sin embargo, quienes concentran el poder político desde hace décadas continúan sin someterse al mismo nivel de publicidad patrimonial que le exigen al resto. La transparencia, en Formosa, parece tener escalafón.

Mientras los productores denuncian controles arbitrarios, superposición ilegal de funciones y pérdidas millonarias, el Gobierno provincial guarda silencio y el defensor del Pueblo sale a justificar el endurecimiento de los procedimientos. Para el campo formoseño, la ley dejó de ser un límite al poder y comenzó a convertirse en un instrumento para disciplinar a quienes no responden políticamente al oficialismo.