justicia

En Formosa, la “contención” de los jubilados parece haberse reducido a una puesta en escena: salsa, chacarera, coro y aplausos, como si el problema fuera el tiempo libre y no el deterioro real de sus ingresos y oportunidades; una política que entretiene para disimular lo que falta, mientras sigue ausente lo esencial: mejores haberes, acceso a herramientas modernas, beneficios concretos y la posibilidad de vivir la vejez con algo más que resignación.

Mientras campañas de prevención se despliegan en Corrientes y Chaco, Formosa queda otra vez al margen pese a registrar uno de los índices más altos del país: el 78% de los niños presenta parásitos intestinales. La cifra expone una problemática estructural atravesada por la falta de agua potable, deficiencias en saneamiento y la ausencia de políticas públicas sostenidas para cortar un ciclo que impacta de lleno en la salud y el desarrollo infantil.

Mientras Corrientes, Chaco y Misiones sufren caídas en el patentamiento de autos, Formosa se mantiene firme con 1.118 unidades, sin variación interanual. Pero el dato que deslumbra es el de las motos: 4.142 patentadas en el primer trimestre, un crecimiento del 101,3% que duplica los registros del año pasado y se convierte en el más alto de la región NEA. La provincia elige la moto como herramienta de resiliencia económica, sin resignar el auto. Una foto que habla de una Formosa distinta, a contramano de sus vecinas.

La reactivación de la planta de uranio en Formosa con capitales estadounidenses expone un giro de fondo: el negocio avanza con beneficios fiscales y participación mixta, pero sin control político directo del gobierno provincial, dejando a Insfrán desplazado de una de las inversiones más estratégicas en su propio territorio.

Sin despeinarse, Basterra pasó en años, del ministerio que vio cuadruplicarse la deforestación en Formosa a la cruzada ambiental en el Congreso. Critica hoy a otros por violar la Ley de Bosques y exige embargos ejemplares, pero los formoseños no olvidan que durante sus seis años como Ministro de la Producción provincial, justo cuando la ley debería haber frenado los desmontes, las topadoras arrasaron más de 400 mil hectáreas según las denuncias de Greenpeace. Ahora pontifica desde la tribuna como si su propio pasado no existiera. La hipocresía tiene nombre y apellido.