La diputada nacional por Formosa del PJ, no suele tener una asistencia continua a las comisiones que pertenece como tampoco un historial de tarea legislativa para resaltar pero sorprendió al verla "trabajando" para expulsar a los diputados de LLA que visitaron a represores.
Locales29/08/2024
leonardo fernández acosta
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reunió por segunda vez este miércoles y emplazó a un plenario con Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 4 de septiembre por la mañana con el fin de dictaminar la creación de la comisión especial que investigará la visita de los seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.
La sorpresa para propios y extraños, fue la presencia de la diputada nacional por Formosa, Graciela Parola, quien no tiene una gran compulsión por la labor parlamentaria (no tiene un solo proyecto presentado) y tampoco una asistencia como para resaltar en las comisiones que compone.
Como contraparte la diputada, no ha ido a una sola de las sesiones que se llevaron a cabo por la violación de DDHH. en Formosa durante la pandemia ni siquiera para defender la postura oficial del gobierno de Gildo Insfrán y sus políticas sanitarias.
La reunión presidida por, Silvia Lospennato, comenzó con la exposición de representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La primera expositora fue Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó en claro que “no venimos a pedir, venimos a exigir, que directamente se lo expulse”. Catalogó al hecho de “deplorable episodio” y acusó al oficialismo de “ser amigo de los genocidas”.
Por otro lado, las críticas también fueron contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien este martes encabezó el acto por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sumó al presidente Javier Milei y los señaló como artífices de llevar a cabo “una cosa deshumana total”. “¿No van a los barrios? ¿no saben que diez personas murieron en situación de calle? Están deshumanizando a este país”, concluyó.
Reconocido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les mandó un fuerte mensaje a los partícipes del viaje a Ezeiza: “Los que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables, son una lacra y traicionan al pueblo argentino”. También, explicó que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y tienen continuidad en el tiempo”.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
