El último tren a Londres: Basterra se casó con uno de los apellidos fuertemente vinculado a los proveedores del estado
saCCapítulo en las reuniones oficiales para definir la canasta escolar. En febrero de 2025, Roque Guilio fue presentado públicamente como representante del comercio y participó de las conversaciones con funcionarios provinciales aunque hay fuertes sospechas de su relación comercial como proveedor del Ministerio de Educación entre otros.
Nada de esto demuestra por sí mismo una irregularidad. Pero sí configura una situación que merece ser examinada con documentación, especialmente si existen contrataciones directas, adjudicaciones, órdenes de compra o provisiones a organismos públicos que involucren a esa empresa.
Porque en Formosa la cuestión de fondo es mucho más profunda: el Estado no puede convertirse en un ámbito donde las relaciones personales, familiares, políticas y comerciales terminen confundidas sin que nadie tenga que dar explicaciones.
La pomposidad de una fiesta privada contrasta inevitablemente con una provincia donde los trabajadores estatales pierden poder adquisitivo, los jubilados cuentan monedas y miles de familias dependen de la asistencia pública. Cada uno puede gastar su dinero como quiera. Pero quienes ejercen responsabilidades públicas deben comprender que la sociedad tiene derecho a observar y preguntar de dónde vienen los recursos, cuáles son los vínculos y cómo se administran los intereses.
Basterra no es un ciudadano anónimo. Es diputado nacional, fue ministro de Agricultura de la Nación y ocupó responsabilidades centrales en el esquema político formoseño. Su trayectoria pública lo obliga a una conducta transparente, especialmente cuando sus relaciones familiares se vinculan con empresarios que participan de actividades comerciales relacionadas con el Estado.
Y hay otra cuestión que no debería pasar inadvertida: en una provincia donde el poder político lleva décadas concentrado, la transparencia no puede depender de que los protagonistas sean amigos, familiares, socios o conocidos.
El Estado no es una empresa familiar. Los ministerios no son una extensión de los vínculos personales de los funcionarios. Los presupuestos públicos no son una caja de relaciones que se distribuye entre quienes tienen llegada al poder.
Si Capítulo vende, que venda. Si participa de licitaciones, que compita. Si gana una contratación, que la gane por precio, calidad y cumplimiento de las reglas. Pero que se publiquen las adjudicaciones, los montos, los procedimientos y los organismos compradores. Y que se pueda establecer con claridad quiénes son los beneficiarios económicos de cada operación.
La pregunta política no es con quién se casa Basterra. Es si en Formosa existe una frontera suficientemente clara entre el poder, los negocios y los vínculos familiares. Porque en el Modelo Formoseño parece que las relaciones siempre terminan encontrándose en algún lugar: en un ministerio, en un organismo público, en una licitación, en una mesa de negociación o, ahora, en una celebración familiar.
En Formosa, mientras algunos celebran sus vínculos y sus posiciones, la ciudadanía sigue esperando que el Estado deje de ser un círculo cerrado y empiece a funcionar como lo que debería ser: patrimonio de todos y privilegio de nadie.
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