leonardo fernández acosta
El diputado de La Libertad Avanza, Esteban López Tozzi, ingresó por primera vez al recinto esperando, según sus propias palabras, “otro nivel de discusión”. No lo encontró, como no lo encontramos ninguno de los que asistimos hace más de 10 años al cementerio de ideas en que el oficialismo ha transformado el reciento legislativo. Y lo que planteó en su intervención no fue sólo una crítica técnica al presupuesto provincial, sino un diagnóstico de un modelo que predica autonomía mientras vive de la dependencia.
Desde el inicio, López Tozzi puso el dedo en la llaga: “Este presupuesto tiene su origen en los impuestos”.
La frase parece obvia, pero fue el punto de partida para una contradicción mayor. Mientras el gobierno nacional dijo, “tomó la decisión de hacerle más fácil la vida a los argentinos y bajar los impuestos”, la provincia de Formosa eligió el camino inverso: abrir la puerta a nuevos gravámenes, entre ellos los impuestos a los servicios digitales.
La crítica no fue meramente técnica. Tuvo destinatario social: “El empleado público ya cobra poco, el municipal ya cobra poco, y ahora también le van a cobrar por los servicios digitales… incluso a quienes los necesitan para trabajar”. El mensaje es claro: la presión no cae sobre los grandes bolsillos, sino sobre quienes sostienen el sistema con salarios bajos y escasas oportunidades de defensa.
Pero el verdadero punto de quiebre del debate apareció cuando el propio miembro informante del oficialismo, según remarcó el diputado, reconoció públicamente la dependencia fiscal provincial: “El 93% de los recursos de Formosa los pone la Nación; apenas el 7% es dinero propio”. López Tozzi no necesitó exagerar. Esa admisión, dijo, derriba el mito de la autosuficiencia fiscal que el oficialismo repite como mantra.
“Han reconocido el dinero que todos los formoseños reciben de la Nación”. La autonomía termina en el discurso. En los números, la provincia respira por la manguera del Tesoro nacional. La distribución del presupuesto tampoco escapa a las desigualdades. El diputado cuestionó los 75.000 millones de pesos destinados a capital, que, según sus cálculos, “apenas alcanzan a 23.000 pesos por formoseño en estos dos semestres”.
Y fue más allá: denunció asimetrías entre municipios, citando el caso de El Colorado, “que va a recibir casi 9.000 millones en 2026, con el doble de coparticipación pese a tener menos habitantes que otras localidades”. No parece premiarse la población, sino la alineación política.
El panorama se vuelve aún más inquietante cuando el debate llega al Poder Judicial, al que se le asigna apenas 0,54% del presupuesto. “Con ese nivel de recursos, los trabajadores judiciales van a tener que volver a reclamar”, anticipó López Tozzi, mientras confirmaba otra concentración de poder: “El 26% del presupuesto se lo queda el Ejecutivo provincial”.
En un gesto irónico, pidió no responsabilizar al redactor del proyecto: “Por favor, no echen al técnico que escribió este presupuesto”. El mensaje es transparente: el problema no es técnico, es político.
Su cierre fue una apelación directa y provocativa al oficialismo: “Tienen la oportunidad de llevar dignidad al empleado público, al judicial y al municipal de toda la provincia”. La pregunta que deja flotando la intervención, y que el presupuesto no responde, es otra: "¿qué modelo se está defendiendo realmente, uno de justicia fiscal o uno de dependencia administrada?"
