Gobierno de Gildo Insfrán

Mientras el Gobierno provincial montó una inauguración con ministros, legisladores, funcionarios y discursos de celebración, el único que no cruzó el nuevo puente fue Gildo Insfrán. Sin el protagonista principal, el elenco completo intentó sostener una función donde abundaron los aplausos, las consignas políticas y las ovaciones al ausente.

Tras el escándalo del falso incendio, que terminó con el abogado Suizer detenido por intimidación pública y con el gerente de Unitán, Antonio Gil, sosteniendo públicamente que las imágenes eran producto de la inteligencia artificial, ahora un camión de la empresa dejó una prueba bastante más difícil de desmentir: el pavimento destruido.

La Ruta Provincial 21 de Villafañe sigue atrapada en un ciclo interminable de parches que el Gobierno presenta como grandes obras. Después de más de cuarenta años, la única infraestructura que parece haberse modernizado es la propaganda oficial: del asfalto, de una reconstrucción integral y de una solución definitiva, todavía no hay noticias.

La Provincia respondió a Greenpeace con porcentajes y expedientes que no hizo públicos. Sin resoluciones, estudios ambientales ni criterios técnicos verificables, la defensa oficial queda reducida a una declaración política. La existencia de un permiso no elimina el impacto del desmonte ni demuestra que las autorizaciones se ajustaron a la Ley Nacional de Bosques.

Lo que comenzó como un reclamo legítimo por un puente destruido terminó convertido en un espectáculo de poder. El Gobierno aceleró la obra cuando el conflicto empezó a tener costo político, pero una vez terminada decidió mantenerla cerrada. Mientras tanto, los vecinos siguieron aislados y la respuesta oficial fue enviar policías antimotines para impedir el paso y detener a un sereno que solo intentaba ir a trabajar.

Milei descartó cualquier entendimiento con Gildo Insfrán y convirtió a Formosa en uno de los principales campos de batalla de 2027. El interrogante ya no pasa por la estrategia nacional, sino por quién tendrá el liderazgo y la capacidad política para unificar a una oposición que nunca logró derrotar al oficialismo provincial.

El funcionario provincial defendió el sistema de controles ganaderos apelando a la trazabilidad y la seguridad sanitaria, pero omitió explicar los límites legales de la intervención policial y desvió el debate hacia el ajuste nacional, sin responder las denuncias de los productores.

Mientras Gildo Insfrán acumula casi treinta años al frente de la provincia, miles de familias que vivían del algodón fueron abandonando sus chacras. La historia de Zenón Cano, que hoy habla en pasado al decir "fuimos productores agrícolas", retrata el ocaso de una economía que alguna vez sostuvo al interior de Formosa.

Formosa montó un operativo digno de una película de acción para recibir a un diplomático cuya visita jamás justificó semejante despliegue. Sirenas, motocicletas, cortes de tránsito y una caravana lanzada a toda velocidad fueron la verdadera postal que dejó el Gobierno provincial.

Con apenas una parte de los sindicatos habilitados participando y otros sin intervención efectiva, la falta de normalización abre la puerta a maniobras que pueden sostener a una conducción con mandato vencido. La verdadera discusión no es sólo quién conduce la CGT Formosa, sino quién decide qué gremios votan, cuáles quedan afuera y cómo se construye una mayoría.

La reconstrucción documental de Formosa Investiga revela el crecimiento de sociedades, la expansión de negocios vinculados a la salud y una red de relaciones políticas y comerciales que hoy vuelve a quedar bajo la lupa tras la abrupta suspensión de los convenios con el IASEP.

Mientras los productores denuncian controles arbitrarios, superposición ilegal de funciones y pérdidas millonarias, el Gobierno provincial guarda silencio y el defensor del Pueblo sale a justificar el endurecimiento de los procedimientos. Para el campo formoseño, la ley dejó de ser un límite al poder y comenzó a convertirse en un instrumento para disciplinar a quienes no responden políticamente al oficialismo.

El Gobierno reabre el plazo para que los estatales regularicen una obligación administrativa bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Sin embargo, quienes concentran el poder político desde hace décadas continúan sin someterse al mismo nivel de publicidad patrimonial que le exigen al resto. La transparencia, en Formosa, parece tener escalafón.

Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.

Mientras los afiliados soportan la falta de especialistas, largas esperas y trámites interminables, ahora también deben tolerar respuestas soberbias, burlas y una atención impropia de un organismo que existe para cuidar la salud de quienes financian el sistema. La sucursal sobre la calle Rivadavia sumó la falta de respeto a la lista.

El exministro de la Producción, hoy diputado nacional, da lecciones de ambientalismo cuando  integró el gobierno durante los años en que Formosa consolidó un modelo que terminó cuadruplicando la deforestación tras la sanción de la Ley Nacional de Bosques. La memoria parece ser el único recurso natural que decidió desmontar.

Tras años de defender tarifas artificialmente bajas financiadas con subsidios, el portal oficial del Gobierno de Formosa publicó las declaraciones de un especialista que sostiene, desde hace décadas, que ese modelo era insostenible y que el sinceramiento impulsado por la gestión de Javier Milei ya completó su etapa más dura. Una contradicción que expone las grietas del relato oficial de las usinas de propaganda que publican "bajadas de línea" sin tomarse un segundo para pensar.

La concejal "ex PRO" que en diciembre invocó la "coherencia", la "integridad" y el "rechazo frontal a todo pacto con el poder de turno" para expulsar políticamente a Ramiro Saavedra aparece ahora celebrando su afiliación a La Libertad Avanza. Entre el comunicado y la fotografía no hubo rectificaciones ni explicaciones: sólo un giro que deja al descubierto una contradicción política difícil de sostener.

El diputado convirtió el homenaje a Juan Domingo Perón en una encendida defensa del modelo de Gildo Insfrán, con un relato cargado de épica, pero sin una sola referencia a la pobreza, la dependencia del Estado ni las deudas estructurales que arrastra Formosa tras casi tres décadas del mismo gobierno.

El municipio se convirtió en el primero de Formosa en establecer un vínculo directo con Vialidad Nacional para ejecutar obras de infraestructura. Desde la gestión de Pablo Basualdo aseguran que el acuerdo rompe la dependencia del Gobierno provincial y demuestra que los municipios pueden gestionar recursos de manera autónoma.

El diputado nacional Atilio Basualdo rechazó las acusaciones vinculadas a la compra de un campo en Fortín Lugones, aseguró que la operación fue realizada mediante escritura pública y denunció que la causa judicial forma parte de una persecución política impulsada desde sectores del oficialismo provincial.

Después de más de cinco años de investigación, el juez federal Pablo Morán procesó al rector Augusto Parmetler y a su esposa Zully Rivero y los apartó de sus cargos en pleno enfrentamiento con el sector de Rafael Olmedo. Pero la Cámara Federal de Resistencia desarmó la resolución, cuestionó la valoración de la prueba, advirtió que no estaba claro que existiera una obligación legal de concursar y concluyó que el procesamiento carecía de fundamentos suficientes para sostener la existencia de un delito.

Estela Zabala, titular de la Fiscalía de Estado de Formosa y responsable de representar jurídicamente a la provincia en los litigios más importantes, fue fotografiada en el barrio Las Tortolitas participando de una actividad proselitista con entrega de camisetas de la selección argentina y packs de asado con cerveza. La imagen reabre el debate sobre los límites entre la función institucional, la militancia partidaria y la utilización de la estructura estatal en favor del oficialismo.

Mientras el Ejecutivo analiza denunciar a Mattia Cánepa Neme por una actividad en un playón deportivo ya construido, guarda silencio frente a las intervenciones que dirigentes oficialistas realizan habitualmente dentro del ejido urbano con maquinaria y recursos ajenos a la administración municipal.