Gobierno de Gildo Insfrán

Mientras los empleados judiciales hacen paros para reclamar salarios dignos, el Superior Tribunal de Justicia tramita una Toyota SW4 Diamond 0 km con un presupuesto de $92.508.000. La licitación sigue apareciendo en Google, pero el enlace oficial devuelve «Esta página no funciona». Después de las misteriosas vulnerabilidades que dejaron fuera de servicio los sistemas judiciales, el portal del Gobierno provincial también presenta problemas de acceso. Parece que el método de borrar las huellas digitales encontró imitadores en el gildismo: para los magistrados, camionetas de lujo; para los trabajadores, aumentos que no llegan; y para los ciudadanos, páginas caídas cuando quieren averiguar en qué se gasta su dinero. En Formosa, hasta la transparencia parece estar sometida a un régimen de austeridad

Cajeros vacíos, tarjetas viejas que misteriosamente dejan de funcionar y hasta cuatro horas de cola en ventanilla: el banco de Insfrán convierte cada mes el cobro de una jubilación en un calvario, mientras la falla "casual" que solo afecta a los plásticos con banda magnética y PIN huele a maniobra deliberada para forzar a los clientes rehenes a cambiar de tarjeta, en una provincia donde el agente financiero del Estado no tiene competencia, no rinde cuentas y ya acumula condenas judiciales por estafas virtuales.

Shakira lo dijo sin saber que hablaba de Formosa: "las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Parafraseando: los hospitales provinciales no lloran, facturan. Le cobran millones al PAMI por atender a los abuelos, les cobran a las prepagas VIP, pero atienden gratis a ciudadanos paraguayos que no aportan un peso al Estado argentino. Esa es la verdadera doble vara que la operación de prensa oficialista esconde mientras señala con el dedo a los libertarios.

La Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) rechazó de forma categórica el punto sexto del Acuerdo N° 3304, firmado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Formosa. El gremio mayoritario advierte que se trata de una maniobra para eludir el "Vaderef" y acusa a la conducción de Blanca Almirón de actuar en favor de los funcionarios y en contra de los derechos de los empleados.

AJUFSA volvió a movilizarse frente al Superior Tribunal de Justicia y advirtió que siguen pendientes diferencias salariales de agosto y septiembre. El gremio cuestiona aumentos que, según sostiene, favorecieron a magistrados y funcionarios, mientras los trabajadores reclaman una recomposición. Los descuentos por huelga y la negociación abierta con otra organización sindical agregaron nuevos motivos de enfrentamiento.

Mientras el oficialismo recorre obras y exhibe una gestión que pretende mostrarse eficiente, detrás del anfiteatro una bomba de desagote quedó fuera de servicio, con los caños desmontados y sin maquinaria adecuada para completar la limpieza. El problema no es solamente técnico: es la evidencia de una respuesta tardía frente a una infraestructura que puede volverse crítica cuando lleguen las lluvias.

El ministro Lucas Rodríguez cruzó tres provincias para explicar en Lanús que en Formosa la tierra cumple una función social, ningún formoseño es inviable y el 60% de la población se queda en el interior por pura convicción. No llevó un solo dato, pero si eslóganes de sobra. El congreso pedía inocuidad, calidad e innovación; llegó con épica, retórica y un remate de ferias financiadas por el Gobierno provincial. 

Un trabajo de investigación  de Formosa Investiga sobre los presupuestos 2025/2026 de la provincia y la ejecución en particular del presupuesto del Poder Judicial de Formosa, expuso que el incremento nominal del 60,2 % interanual no se tradujo ni en mejoras salariales para la base de la carrera judicial ni en inversión edilicia. Las propias planillas de ejecución del STJ muestran el destino del dinero: una estructura salarial concentrada en la cúpula y una partida de infraestructura ejecutada al 0,71 %. La plata no desapareció de las cuentas: desapareció de los bolsillos de abajo y de las paredes de los juzgados.

Montoya prendió fuego al debate legislativo y denunció graves irregularidades en el Jury contra el juez de Clorinda, Julio Mauriño: acusaciones modificadas sobre la marcha, una audiencia con el procurador general sin la defensa y un apartamiento que cuestionó por arbitrario. Pese a las advertencias, el oficialismo impuso la designación de Agostina Villaggi para garantizar la audiencia del 3 de noviembre

El diputado nacional apuntó contra el Instituto de Tierras y la Policía de Formosa por un presunto ingreso irregular a un establecimiento rural de Las Lomitas. Asegura que no fue notificado, denuncia daños en los accesos y reclama la intervención de la Justicia Federal. Además, vinculó el episodio con su enfrentamiento político con Gildo Insfrán y volvió a poner bajo la lupa el manejo de las tierras fiscales en la provincia.

La diputada nacional Graciela de la Rosa quiso convertir una comisión de Presupuesto en una tribuna para defender el relato educativo del gildismo. Habló de las 1.550 escuelas, de los techos azules, del financiamiento provincial y de una supuesta inversión ejemplar. Pero Alejandro Álvarez, secretario de Educación de la Nación, le devolvió la discusión al terreno de los hechos y expuso, casi sin proponérselo, las contradicciones de una defensa política que en Formosa se repite como una verdad revelada, pero que en Buenos Aires no resiste demasiado cuando alguien conoce los números.

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

Ni Julieta González, ni Gabriela Neme ni Atilio Basualdo tuvieron absolutamente nada que ver con el despido de Mónica Rodríguez. La desvinculación se originó durante la gestión de Héctor Brizuela, atravesó una disputa judicial y terminó con una decisión adoptada por las autoridades nacionales del PAMI. Sin embargo, Rodríguez eligió desfilar por los medios gildistas para responsabilizar a quienes no tuvieron intervención en el origen del conflicto.

Mientras De Loredo lanza "Hacer el Futuro" y usa a Formosa como sinónimo de estancamiento, la provincia gobernada por el peronismo desde 1995 sigue sin poder escribir su propia historia: pobreza estructural, dependencia del empleo público y una dirigencia que hace décadas confunde perpetuarse con gobernar.

Mientras los formoseños pagan la factura de un Estado que se mete en todo, San Martín sueña con ascender bajo la sombra de los contactos de Gildo Insfrán con la cúpula de la AFA. Las sospechas sobre los arbitrajes abren un interrogante explosivo: si el poder político también juega este campeonato, falta saber quién financia la fiesta y si la cuenta terminará, como tantas otras, a cargo de los contribuyentes.

La pirámide salarial del Estado formoseño parece tener una particularidad: cuanto más arriba se está, menos se siente la crisis; cuanto más abajo se está, más se pulveriza el salario. Ahora la discusión llegó al Poder Judicial, donde los trabajadores denuncian que la histórica proporcionalidad entre categorías quedó prácticamente destruida mientras la cúpula del Superior Tribunal se despega cada vez más del resto de los empleados.

Omar Padilla, exconcejal peronista y hombre de confianza de Gildo Insfrán, firmó una sentencia que violaba la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y la Convención Americana. No fue un error: fue un acto de censura indirecta desde el corazón del poder formoseño. La revocación posterior solo confirma que, en Formosa, para ejercer el periodismo primero hay que sobrevivir al aparato judicial del gobernador.

Malich defiende el Estado como si cantidad de empleados fuera sinónimo de rutas buenas, pero el mundo desarrollado ya entendió otra cosa: el Estado debe controlar, no necesariamente construir. Brasil y Chile concesionaron sus rutas, incorporaron capital privado y lograron mejores niveles de servicio. En Argentina, mientras tanto, el kirchnerismo convirtió buena parte de la obra pública en una monumental caja de corrupción. El estatismo pudo ser una herramienta de desarrollo hace un siglo; hoy, con décadas de burocracia, despilfarro y corrupción a cuestas, puede convertirse en un ancla de 10 mil toneladas que impide avanzar.

Mientras el Gobierno de Gildo Insfrán acumula reuniones, funcionarios, diagnósticos y fotografías sobre comercio exterior, Formosa sigue aportando apenas el 0,05% de las exportaciones argentinas. Décadas de “Modelo Formoseño” y una burocracia especializada en anunciar potencial no lograron convertir ese supuesto potencial en dólares, empresas exportadoras ni mercados internacionales. Mucho VUCE, mucha reunión, mucho federalismo declamado y los resultados son un fantasma carísimo.

Mientras Formosa agoniza con casi 48,6% de pobreza estructural tras tres décadas de gildismo, una funcionaria del Ministerio de Gobierno se encuentra en Cancún, México. Hace un año fue Dubái. Ahora es el Caribe. Sin registros oficiales, sin autorización conocida, sin explicación alguna. La transparencia brilla por su ausencia y el silencio oficial es una bofetada a los formoseños.

El presidente retrocedió: en el reportaje con Luis Majul admitió que no encarcelaría a periodistas por hacer su trabajo, marcando una diferencia con la persecución judicial de Gildo Insfrán en Formosa. Ese reconocimiento de un límite, aunque tardío y a contramano de su primer tuit celebratorio, es un alivio y una señal de que la presión pública funciona.
 
 

Omar Padilla no disimula: fue concejal, dirigente justicialista, vocero del "proyecto" de Gildo Insfrán y hombre de confianza del ministro Guillermo Alucín. El mismo STJ que lo excluyó por incompatible lo nombró juez. Ahora firmó una condena a prisión contra cuatro periodistas por no tener un carnet que la Constitución prohíbe exigir. No es un error judicial: es un mensaje. En Formosa, la justicia no protege derechos: protege al gobernador.

La denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner bajo la lupa a una fuerza cuya conducción política lleva décadas bajo el mismo poder. Si se pretende recuperar una Policía al servicio de los ciudadanos, no alcanza con cambiar nombres: hace falta revisar la cúpula, investigar las cadenas de mando y terminar con cualquier estructura que convierta a agentes públicos en instrumentos de persecución política.

La Cámara Federal de Resistencia revocó la "medida precautelar" que el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, dictó a fines de agosto contra la Universidad Nacional de Formosa y le propinó una amonestación sin precedentes: lo acusó de causar un "daño institucional" con una medida "prematura", "lesiva" y "carente de sustento probatorio", le advirtió que sus fallos son "capaces de quebrar" el normal funcionamiento del Consejo Superior y le ordenó "no interferir" en los procesos internos de la universidad. El fallo no solo desnuda un patrón de activismo judicial desmedido: consagra un principio fundamental, la autonomía universitaria no es un obstáculo que el juez pueda saltar a gusto, sino un límite constitucional que debe respetar.