Gobierno de Gildo Insfrán

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

La Defensoría del Pueblo de Formosa descubrió que las rutas nacionales están destruidas y llevó el reclamo a la Justicia. Bien. Pero administra su lupa con una precisión sospechosa: mira con furia los 1.307 kilómetros que dependen de Buenos Aires y aparta la vista de los 4.105 kilómetros que dependen de Gildo Insfrán. La seguridad vial no puede ser un derecho de dos velocidades. Un pozo provincial mata igual que uno nacional. Y el silencio de Gialluca sobre la red que administra la Provincia ya no es un olvido: es una decisión política.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.

El organismo provincial volvió a demostrar que la improvisación burocrática la terminan pagando los ciudadanos: primero cerró el trámite y después reveló las exclusiones, obligando a cientos de familias a correr contra el reloj. Cuando se administra la esperanza de acceder a una vivienda, la desorganización no es un detalle: se traduce en angustia, incertidumbre y en la sensación de que el Estado siempre llega tarde.

La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.

El operativo desplegado en los asentamientos de Misión Nueva Yrigoyen y Tres Palmas no admite eufemismos. Lo ocurrido sobre el camino vecinal N° 9002 tiene todos los rasgos de una cacería, y no de un procedimiento de control territorial. Mientras el gobierno nacional mantiene su mirada fija en la agenda porteña, en el extremo noroeste de la provincia de Formosa se consuma un nuevo episodio de violencia institucional contra las comunidades originarias, con un saldo de decenas de detenidos, familias aterrorizadas y un sistema judicial que parece funcionar a la medida del poder político provincial.

El Gobierno de Formosa parece haber descubierto una curiosa manera de enfrentar una emergencia climática: mientras un funcionario enciende las luces amarillas, otro pide que nadie se alarme. El mismo fenómeno, dos diagnósticos y una sola conclusión posible: alguien debería ponerse de acuerdo antes de salir a hablar.

Insfrán volvió a hablar como si fuera el dueño del calendario político argentino. Dijo que Milei “va a tener un gran susto” en las elecciones, acusó al Presidente de fascista, reivindicó la “tercera posición” y aseguró que Formosa no mira a Europa sino hacia adentro del país. El problema es que, mientras el gobernador anuncia sustos electorales para los demás, todavía no tiene resuelto si él mismo podrá aparecer en una boleta.

La mayoría del STJ puso el foco en la duda sobre cómo murió Rosa de Jesús Machuca, pero dejó en segundo plano el contexto de violencia, amenazas, control y hostigamiento que rodeaba a la víctima. Así, todo un historial de violencia terminó enfrentado a una duda que, en el razonamiento de tres jueces, alcanzó para derribar una condena a perpetua y ordenar la inmediata libertad de Araujo.

La intervención de la Corte Suprema sobre el artículo transitorio de la nueva Constitución puede poner límites a una eventual novena candidatura de Gildo Insfrán. Pero convertir una decisión judicial en una bandera electoral y creer que, sin Insfrán, los mismos opositores de siempre heredarán automáticamente el poder es una muestra de ingenuidad política. La perpetuidad también existe del otro lado.

El máximo tribunal aceptó intervenir directamente en la demanda presentada por el Frente Amplio Formoseño contra la cláusula de la reforma constitucional que podría habilitar una nueva candidatura del gobernador en 2027.

Matías Kulfas llegó a Formosa para explicar los errores de Milei y ofrecerle al peronismo una receta de estabilidad, producción y empleo. Lo que no llevó en la valija fue el balance de su propia gestión como ministro de Desarrollo Productivo: mucho diagnóstico sobre los fracasos ajenos y ninguna autocrítica sobre los resultados del gobierno del que formó parte.

Patota institucional: la denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner bajo la lupa a la Policía de Formosa por una presunta práctica de vigilancia y hostigamiento contra un intendente y su familia. Si se confirma, no será un exceso aislado, sino otra muestra del uso del aparato estatal para perseguir, intimidar y disciplinar a quienes se atreven a pensar distinto.

La señal más preocupante es cuando el crédito deja de financiar inversión o consumo extraordinario y comienza a utilizarse para cubrir gastos cotidianos como la  comida, la morosidad deja de ser solamente un problema bancario. Se convierte en un indicador de la capacidad real de los hogares para llegar a fin de mes.

El gobernador anunció un aumento del 15%, pero decidió entregarlo en tres cuotas de apenas 5%. En una provincia donde el ingreso de bolsillo de la enorme mayoría de los empleados públicos y jubilados ronda el millón de pesos, el anuncio no cambia la realidad: apenas administra la pobreza con mayor prolijidad.

Bajo el argumento de defender a los trabajadores, el referente de UPSRA en Formosa, René Maldonado, intenta instalar un esquema de presión para que empresas y organizadores de espectáculos contraten exclusivamente personal vinculado a su gremio. Un método que remite a las prácticas de apriete sindical que durante años fueron atribuidas al modelo de Camioneros: sustituir la competencia y la libertad de contratación por la intimidación y el temor al conflicto.

Un lunes, Bichos de Campo lloraba con Zenón Cano la desaparición del algodón, víctima de los grandes pools y el mercado. El lunes siguiente, el mismo medio engordaba el currículum del PAIPPA sin una sola pregunta incómoda, como si el asistencialismo oficial fuera la solución y no la confirmación de la derrota. Entre una nota y otra, el periodismo se desvaneció. Lo que quedó fue el ruido sordo de una pauta publicitaria y el retrato de un productor que ya no produce: solo espera. Que no se note.

Competencia desleal en el Poder Judicial: Un fiscal penal acusado de prevaricato por intervenir en una causa civil para perjudicar a su rival en un concurso por un juzgado federal. La denuncia, que salpica a toda una sala de la Cámara Civil, expone el oscuro entramado de intereses y amistades que pone en jaque la imparcialidad de la justicia formoseña.

El ministro de Gobierno cuestionó la reunión nacional por el fenómeno climático y reclamó obras y respuestas concretas. Sin embargo, sus declaraciones omiten que integra desde hace años una administración provincial que gobierna desde 1995 y que atravesó períodos de abundante financiamiento nacional sin lograr una solución estructural para las inundaciones y las sequías recurrentes.

El discurso del senador José Mayans sobre la defensa de la soberanía territorial choca con un antecedente ineludible del propio "Modelo Formoseño": la adjudicación especial de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a LIAG Argentina S.A., una empresa de capital australiano, presentada en su momento como una apuesta al desarrollo y posteriormente  expropiada por la propia provincia.

El gremio docente adhiere al paro nacional para exigir paritarias, recuperación salarial y financiamiento educativo al Gobierno nacional, mientras en Formosa hace años que no existen negociaciones paritarias reales y miles de docentes cobran salarios que continúan por debajo de la línea de pobreza sin que la conducción sindical impulse medidas de fuerza similares contra el gobierno provincial. No hay descuentos de sueldo para este paro al que solo le faltaba sumarse al Ministro de Educación de Insfrán.

Mientras el Gobierno provincial montó una inauguración con ministros, legisladores, funcionarios y discursos de celebración, el único que no cruzó el nuevo puente fue Gildo Insfrán. Sin el protagonista principal, el elenco completo intentó sostener una función donde abundaron los aplausos, las consignas políticas y las ovaciones al ausente.

Tras el escándalo del falso incendio, que terminó con el abogado Suizer detenido por intimidación pública y con el gerente de Unitán, Antonio Gil, sosteniendo públicamente que las imágenes eran producto de la inteligencia artificial, ahora un camión de la empresa dejó una prueba bastante más difícil de desmentir: el pavimento destruido.