leonardo fernández acostaEn un movimiento que promete escalar la confrontación política y judicial con el gobierno de Gildo Insfrán, la ex diputada provincial Gabriela Neme y el reconocido abogado constitucionalista Kurt Ottosen presentaron un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar lo que describen como un sistemático adoctrinamiento político-partidario en las escuelas de la provincia.
La acción legal, radicada en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solo apunta contra el gobierno formoseño y su Ministerio de Cultura y Educación, sino que busca abrir un debate de fondo sobre los límites del poder político en las aulas de todo el país. Con un respaldo explícito de sectores de la administración nacional, los demandantes pretenden que el caso siente un precedente vinculante que impida la utilización de niños y adolescentes como herramienta de propaganda política.
El núcleo del reclamo: escuela sí, partido no
El amparo solicita a la justicia que declare la inconstitucionalidad de las prácticas habituales del régimen insfranista, donde menores de edad y establecimientos educativos son utilizados para la promoción personal de las autoridades, en un claro desdibujamiento de los roles del Estado y el partido gobernante.
La presentación se sostiene en un sólido andamiaje jurídico que incluye la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Educación Nacional. Estas normas garantizan una educación basada en el pluralismo, la libertad de pensamiento y la más estricta neutralidad política, principios que, según los denunciantes, son violados sistemáticamente en Formosa.
"La escuela pública es el templo del saber y la formación cívica, no puede ser degradada a un escenario de propaganda política ni los docentes pueden ser convertidos en agentes de campaña", disparó Ottosen al fundamentar la medida. En la misma línea, Gabriela Neme subrayó el objetivo a largo plazo de la iniciativa: "La educación debe forjar ciudadanos libres y con pensamiento crítico, no ser un insumo para la construcción de poder hegemónico de un caudillo. Este amparo es para proteger a los niños de Formosa y para que ningún gobernante en la Argentina se sienta con el derecho de adueñarse de las mentes de los alumnos".
Un conflicto de larga data que llega a la Justicia Federal
La medida judicial expone una de las aristas más controvertidas del modelo político formoseño, donde la línea entre el Estado provincial y la estructura partidaria del PJ (Partido Justicialista) suele ser imperceptible. Críticas de larga data por parte de opositores y organismos de derechos humanos apuntan a la realización de actos partidarios en horario escolar, la obligación de que alumnos participen en movilizaciones oficiales y la utilización de materiales didácticos con fuerte sesgo propagandístico hacia la figura de Insfrán.
Al llevar el caso a la Justicia Federal con asiento en Buenos Aires, Neme y Ottosen buscan sustraer la causa de los estrados provinciales, donde históricamente los jueces han mostrado escasa autonomía frente al poder ejecutivo local. La estrategia cuenta con el visto bueno de la Casa Rosada, que ve en esta batalla legal una oportunidad para erosionar el poder del gobernador más longevo del país en un año electoral, enmarcando la disputa no solo en términos de legalidad, sino también de derechos humanos y calidad institucional.
El fallo que se dicte en esta causa podría tener efectos dominó. De prosperar, sentaría una jurisprudencia clave para que, en el futuro, cualquier ciudadano o asociación civil pueda denunciar prácticas similares en otras provincias donde la escuela pública es utilizada como rehén de los proyectos políticos personales de los gobernantes de turno.
