leonardo fernández acostaLa Cámara Federal de Resistencia acaba de ponerle un límite judicial a una costumbre demasiado arraigada en cierta fauna política: la idea de que el Estado argentino debe cubrir absolutamente todo, incluso los gastos de dirigentes que ocupan cargos difusos, de utilidad pública discutible y productividad prácticamente invisible para la ciudadanía.
El fallo que rechazó el reclamo del parlamentario del Mercosur Ricardo Branda no es solamente una derrota judicial individual. Es, sobre todo, un mensaje institucional contra esa cultura parasitaria según la cual cualquier dirigente con credencial política considera que el contribuyente debe transformarse automáticamente en financista eterno de viáticos, hoteles, pasajes y privilegios.
La resolución firmada por los jueces Rocío Alcalá, Enrique Bosch y Patricia García revocó el fallo del Juzgado Federal N°1 de Formosa y dejó algo elemental en claro: el Estado argentino no tiene obligación jurídica de pagarle los viajes y estadías a los integrantes del Parlasur. Y no lo dice una editorial “anti política”, sino la propia jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Electoral.
El argumento central es devastador para quienes pretendían seguir viajando con plata ajena: el Mercosur posee personalidad jurídica propia y autonomía financiera. Es decir, si el Parlamento del Mercosur quiere sostener económicamente a sus integrantes, debe resolverlo dentro de su propio esquema institucional. No corresponde que el Tesoro argentino funcione como caja automática subsidiaria de dirigentes supraestatales.
La Cámara citó expresamente los antecedentes de la Corte Suprema de julio de 2024, donde el máximo tribunal ya había determinado que “las dietas de los parlamentarios son responsabilidad del Mercosur como persona jurídica diferente”. El nuevo fallo simplemente extendió ese razonamiento a los viáticos, alojamientos y pasajes, por considerar que son accesorios de esas remuneraciones.
La decisión además desmonta uno de los recursos argumentales más repetidos por la vieja política: disfrazar privilegios de “defensa institucional”. En primera instancia se había sostenido que quitar los viáticos afectaba “la representación democrática”, “el federalismo” y hasta “los compromisos internacionales”. Como si no pagar hoteles y pasajes equivaliera poco menos que a destruir la democracia continental.
Pero la Cámara fue categórica: obligar al Estado argentino a asumir esos gastos implicaría “una incongruente injerencia del derecho interno en el ámbito propio del ordenamiento jurídico internacional”. Traducido al castellano cotidiano: no corresponde que Argentina financie obligaciones que pertenecen al propio organismo regional.
El reclamo original buscaba declarar inconstitucional el artículo 13 de la Decisión Administrativa 888/24, normativa que eliminó el régimen especial de viáticos, alojamiento y pasajes para representantes argentinos ante el Parlasur. Sin embargo, tanto la Corte Suprema como la Cámara Nacional Electoral ya habían ratificado previamente la legitimidad de esa política.
Todo contribuyente se pregunta, que función tiene hoy el Parlasur, o cual iniciativa presntó Ricardo Branda o que beneficios trajo este cargo a la provincia de Formosa. Porque el problema ya no es solamente jurídico. También es moral y político.
Mientras millones de argentinos pagan impuestos asfixiantes, hacen malabares para cargar combustible o directamente resignan medicamentos, todavía subsiste una dirigencia convencida de que ocupar un cargo es equivalente a recibir un paquete ilimitado de beneficios financiados por terceros.
El fallo de Resistencia no elimina el Parlasur. Tampoco impide que sus miembros viajen o participen. Lo único que hace es recordar algo básico: si un organismo internacional tiene autonomía institucional, también debe hacerse cargo de sus propios costos.
Y quizás eso explique parte de la indignación de quienes se acostumbraron durante décadas a vivir dentro de una maquinaria estatal donde jamás aparecía la palabra límite.
