leonardo fernández acostaLa Municipalidad de Las Lomitas abrió un nuevo frente de conflicto con organismos del gobierno provincial al denunciar que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Poder Judicial de Formosa están ejecutando obras dentro de la ciudad sin cumplir con requisitos legales básicos, como la presentación de planos, la obtención de habilitaciones correspondientes y el pago de tasas municipales.
Desde la comuna sostienen que estas irregularidades comprometen la capacidad de control sobre las obras públicas y privadas que se desarrollan dentro de su jurisdicción, una responsabilidad que consideran indelegable, especialmente cuando se trata de edificios, viviendas e infraestructura que posteriormente serán utilizados por los vecinos.
Las críticas más severas estuvieron dirigidas al administrador del IPV, Marcelo Ugelli, a quien el municipio responsabiliza de intentar desconocer las facultades de control que le corresponden a la Municipalidad y de mantener una conducta evasiva respecto de las obligaciones tributarias locales.
"Es inadmisible que el organismo provincial encargado de construir viviendas actúe por encima de la ley. Mientras cualquier vecino paga sus tasas, presenta planos y cumple cada requisito municipal, el IPV intenta evitar controles, eludir pagos y desentenderse de obligaciones básicas que financian servicios esenciales para toda la comunidad", expresaron desde el municipio.
La administración comunal considera que la situación configura un trato desigual frente a los ciudadanos y cuestiona que un organismo estatal pretenda quedar al margen de las mismas exigencias que se le imponen a cualquier particular.
La denuncia también alcanza al Poder Judicial de la provincia. Según informó la Municipalidad, ya se otorgó un último plazo para que regularice la presentación de planos, gestione las habilitaciones correspondientes y cancele una deuda pendiente.
En caso de incumplimiento, la comuna adelantó que avanzará con un juicio de apremio e incluso solicitará embargos sobre partidas presupuestarias del Poder Judicial provincial.
Otro de los puntos señalados por el municipio es que tanto el IPV como otros organismos provinciales intentan trasladar la responsabilidad de las irregularidades a las empresas constructoras contratadas para ejecutar las obras.
Sin embargo, desde la Municipalidad remarcaron que los organismos públicos continúan siendo los responsables institucionales de los proyectos y advirtieron que las actuaciones administrativas y judiciales continuarán hasta lograr la regularización completa de las construcciones y el cobro de todas las tasas adeudadas.
Desde la comuna insistieron en que la intervención municipal responde a una obligación legal y no a una disputa política o burocrática.
"El control municipal no es un capricho ni una cuestión burocrática. Es una obligación legal para proteger a la comunidad, garantizar la seguridad de las construcciones, verificar la calidad de las obras y asegurar que se respeten las normas urbanísticas y técnicas vigentes", señalaron.
Para la gestión de Las Lomitas, el problema excede la cuestión económica vinculada al cobro de tasas. Consideran que se trata de un antecedente institucional de gravedad porque afecta la autonomía municipal y pone en discusión la capacidad de los gobiernos locales para fiscalizar obras que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
El mensaje final de la Municipalidad estuvo dirigido a los funcionarios provinciales que impulsan obras dentro del ejido urbano sin someterse a los controles comunales.
"No vamos a permitir que ningún funcionario provincial venga a imponer obras sin controles ni autorizaciones como si Las Lomitas fuera tierra de nadie", remarcaron.
Además, desde la Asesoría Letrada municipal anticiparon que el mismo criterio será aplicado a todas las obras ejecutadas por organismos provinciales dentro de la ciudad y a cualquier ente estatal que pretenda avanzar sin cumplir las normativas locales vigentes.
La denuncia expone un choque institucional poco habitual entre el municipio conducido por Atilio Basualdo y áreas clave del poder provincial, en una disputa que ahora amenaza con trasladarse definitivamente a los tribunales.
