leonardo fernández acostaCada vez que aparece un dato incómodo sobre Formosa, el libreto oficial se repite con una precisión admirable: el problema no existe, los números están mal, los investigadores tienen prejuicios y los medios que difunden la información forman parte de una conspiración política.
Esta vez el encargado de interpretar ese papel fue Adrián Muracciole, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, quien salió a descalificar el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que ubica a Formosa entre las provincias con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país y señala al departamento Ramón Lista como una de las zonas más críticas de la Argentina.
Lo curioso es que Muracciole intenta destruir un informe utilizando como argumento exactamente la misma fuente sobre la que el estudio está construido: el Censo Nacional 2022.
El informe de la UCA no se basa en rumores, opiniones ni recorridas periodísticas. Utiliza once indicadores censales vinculados a vivienda, acceso a servicios, educación, empleo y vulnerabilidad infantil. Es decir, toma los datos oficiales producidos por el propio Estado argentino y los analiza de manera integral para medir condiciones de vida.
Por eso resulta llamativo escuchar que el rector acusa a la UCA de ignorar el censo cuando, en realidad, el informe surge precisamente de esos datos.
La discusión de fondo tampoco pasa por si existe una cañería, una cisterna o un camión repartiendo agua. Lo que mide la vulnerabilidad social es mucho más complejo. Una provincia puede exhibir infraestructura y al mismo tiempo registrar enormes niveles de dependencia estatal, pobreza estructural, precariedad laboral, déficit habitacional y carencias educativas.
Ese es precisamente el punto que el oficialismo intenta evitar.
Porque si todo estuviera tan bien como afirma Muracciole, resulta difícil explicar por qué Ramón Lista aparece sistemáticamente entre los departamentos con peores indicadores sociales del país. Resulta difícil explicar las imágenes recurrentes de comunidades reclamando agua, alimentos, atención médica o caminos transitables. Resulta difícil explicar por qué Formosa continúa apareciendo en distintos estudios nacionales entre las jurisdicciones con mayores niveles de vulnerabilidad.
La respuesta oficial consiste en atacar al mensajero. Antes fue la prensa. Después fueron las organizaciones sociales. Más tarde los organismos de derechos humanos. Ahora es la UCA. Cualquiera que cuestione el relato es acusado de racista, clasista, porteño o enemigo político. Pero los problemas sociales no desaparecen porque se insulte a quien los señala.
Muracciole habla de prejuicios desde una universidad creada por el propio poder político provincial y financiada por el Estado formoseño. La UCA, en cambio, expuso un conjunto de indicadores verificables y abiertos al debate académico. Frente a datos concretos, la respuesta oficial fue una catarata de adjetivos.
El rector puede cuestionar metodologías. Puede discutir interpretaciones. Lo que no puede hacer es transformar una realidad social documentada en una operación mediática simplemente porque resulta incómoda para el gobierno que defiende.
La verdadera pregunta no es por qué la UCA publicó el informe. La verdadera pregunta es por qué, después de casi tres décadas de gestión ininterrumpida, Formosa sigue apareciendo en los primeros lugares cuando se habla de vulnerabilidad, pobreza y dependencia estatal.
Y contra esa pregunta no alcanza ningún comunicado.
