leonardo fernández acostaLa imagen del juez federal de Formosa, Pablo Morán, alentando a la Selección Argentina durante el Mundial podría ser apenas una postal de un hincha más. Ningún magistrado pierde sus derechos por viajar, disfrutar de un partido o tomarse vacaciones. El problema comienza cuando esas actividades se cruzan con el ejercicio de la función judicial o con obligaciones que la ley considera incompatibles.
En las últimas horas trascendió, a través de una emisión televisiva, que existiría un expediente vinculado con Morán por un presunto viaje sin licencia y que incluso habría participado por Zoom de audiencias judiciales mientras se encontraba en el Mundial. Se trata de una afirmación que, hasta el momento, requiere confirmación documental. Si esos hechos llegaran a acreditarse, dejarían de ser una anécdota para convertirse en una cuestión de enorme gravedad institucional.
Pero aun dejando de lado esa versión, el nombre de Pablo Morán ya se encuentra involucrado en otra controversia mucho más concreta y documentada.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intime a los magistrados federales a abandonar los cargos que ocupan dentro de los tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino. Según la organización, esas funciones son incompatibles con el ejercicio de la magistratura.
Después de aquella presentación, varios jueces renunciaron a sus cargos en la AFA. Lo hicieron, entre otros, Néstor Barral, Martín Peluso, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Sin embargo, dos magistrados decidieron permanecer: Sergio Fernández, vicepresidente del Tribunal de Disciplina, y Pablo Morán, integrante del Tribunal de Ética de la AFA, precisamente el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Código de Ética de la institución.
La paradoja resulta inevitable. Mientras un juez debe ser garante de la legalidad y de la imparcialidad del Estado, simultáneamente integra un tribunal privado que también investiga, recibe pruebas, celebra audiencias y dicta sanciones.
Ese es precisamente el núcleo del planteo de ACIJ.
La organización sostiene que el Decreto-Ley 1285/58 establece una prohibición expresa para que los jueces ejerzan actividades profesionales ajenas a la magistratura. A ello agrega que el Reglamento para la Justicia Nacional impide integrar asociaciones o comisiones directivas sin autorización de la Corte Suprema.
Pero el aspecto más delicado no es únicamente jurídico.
Es ético.
El fútbol argentino constituye uno de los espacios con mayor concentración de intereses económicos, políticos y empresariales del país. Clubes, dirigentes, representantes, patrocinadores, abogados y empresarios mantienen vínculos permanentes con organismos públicos y con causas que, directa o indirectamente, pueden terminar en tribunales federales.
Por eso ACIJ advierte sobre el riesgo permanente de conflictos de intereses y de afectación de la apariencia de imparcialidad.
Y la apariencia importa.
La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que los jueces no sólo deben ser independientes; también deben generar confianza en la ciudadanía. La credibilidad del Poder Judicial depende tanto de sus sentencias como de la conducta de quienes las dictan.
Si además se comprobara que un magistrado viajó al exterior sin la licencia correspondiente o que continuó interviniendo en audiencias desde un estadio o desde un viaje recreativo, las consecuencias podrían ser mucho más severas.
Dependiendo de los hechos acreditados, podría configurarse un incumplimiento de los deberes funcionales, dar lugar a sanciones disciplinarias por parte de la autoridad competente e incluso motivar una investigación ante el Consejo de la Magistratura por eventual mal desempeño, si la conducta comprometiera la dignidad o el correcto ejercicio de la función judicial. También podrían revisarse las actuaciones realizadas durante ese período si existiera algún planteo de nulidad por parte de quienes participaron en esos procesos.
Nada de ello puede afirmarse sin pruebas. En un Estado de Derecho, toda acusación debe investigarse y todo magistrado tiene derecho a ejercer su defensa.
Pero tampoco corresponde minimizar hechos que, de confirmarse, afectarían seriamente la confianza pública.
La Justicia exige ejemplaridad. Y esa exigencia es todavía mayor cuando quien ocupa un estrado aparece simultáneamente en un tribunal privado del fútbol, es cuestionado por una organización especializada en transparencia y, además, queda envuelto en versiones sobre el cumplimiento de sus obligaciones funcionales.
Porque un juez puede ser hincha.
Lo que no puede permitirse es que la camiseta termine confundiendo los límites de la toga.
