Dopado en el juzgado, castigado en el hospital: la Justicia de Menores es la que necesita calmantes por haber perdido la cordura

El caso de Ian no es un incidente aislado. Es el resultado de una lógica institucional que castiga a quienes denuncian y protege a quienes ejercen el poder desde la sombra. La Justicia de Menores de Formosa no solo falló en proteger a un niño de 11 años; se ensañó con él y con su madre, y lo hizo, no por casualida, con la saña que reserva para aquellos casos que tienen el "problema" de estar siendo asesorados por la Dra. Gabriela Neme y su equipo .

El episodio en el Juzgado de Menores de Clorinda fue el momento más oscuro de esta persecución. Allí, entre gritos y llantos, Ian fue trasladado en un estado que ningún niño debería atravesar. No se trató de un procedimiento médico: fue un castigo. Llegó al Hospital de Clorinda totalmente dopado, según los abogados, con el cuerpo y la conciencia anulados por una sobremedicación que su propia madre y sus abogadas denunciaron como una forma de tortura institucional . Este no fue un error administrativo. Fue un acto de fuerza bruta: una exhibición de poder diseñada para quebrar al menor y amedrentar a quienes osaban pedir explicaciones.

¿Por qué este ensañamiento? Porque el caso de Ian está siendo seguido por el equipo de la Dra. Gabriela Neme, una figura incómoda para el oficialismo formoseño. No es una especulación. Es un patrón que se repite una y otra vez. Quienes se atreven a denunciar el abuso de poder en Formosa saben que el sistema no solo los ignora: los persigue, los desaloja de sus viviendas, los amenaza y utiliza todo el aparato del Estado para destruirlos . La madre de Ian ya lo había advertido: "Cada vez que denuncio, después toman represalias contra él" .

El Poder Judicial de Formosa, en lugar de investigar las denuncias de maltrato y sobremedicación, se convirtió en cómplice activo de esta lógica de persecución. La jueza que ordenó el reintegro del niño a la residencia de la que había escapado, bajo apercibimiento para su madre, no estaba protegiendo el "interés superior del niño". Estaba enviando un mensaje claro: quien cuestione al sistema, pagará las consecuencias. Y el más vulnerable, Ian, pagó el precio más alto.

No se trata de una disputa política. Se trata de un niño al que se le negó su derecho a ser escuchado, al que se le arrancó la voz a través de psicofármacos y al que se le mostró, de la manera más brutal, que el Estado no está para protegerlo, sino para doblegarlo.

El hecho de que el caso esté siendo asesorado por Neme y su equipo no debería ser una condena para el menor. Debería ser una garantía de que alguien, finalmente, está velando por sus derechos. Pero en la lógica perversa del sistema judicial formoseño, la denuncia se convierte en un agravante, y la víctima, en un enemigo a vencer.