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El jefe del 22° Distrito en Formosa presentó su renuncia indeclinable cansado de golpear puertas que nunca se abrieron: La Libertad Avanza le negó todos los fondos, le cortó hasta el agua envasada de los distritos y lo dejó solo frente a una red de 1.600 kilómetros que se cae a pedazos. Prometió obras y le dieron silencio. Pidió presupuesto y le respondieron con la nada. Un funcionario que se va con la frente en alto mientras el gobierno nacional mira para otro lado.

Mientras los empleados judiciales hacen paros para reclamar salarios dignos, el Superior Tribunal de Justicia tramita una Toyota SW4 Diamond 0 km con un presupuesto de $92.508.000. La licitación sigue apareciendo en Google, pero el enlace oficial devuelve «Esta página no funciona». Después de las misteriosas vulnerabilidades que dejaron fuera de servicio los sistemas judiciales, el portal del Gobierno provincial también presenta problemas de acceso. Parece que el método de borrar las huellas digitales encontró imitadores en el gildismo: para los magistrados, camionetas de lujo; para los trabajadores, aumentos que no llegan; y para los ciudadanos, páginas caídas cuando quieren averiguar en qué se gasta su dinero. En Formosa, hasta la transparencia parece estar sometida a un régimen de austeridad

Cajeros vacíos, tarjetas viejas que misteriosamente dejan de funcionar y hasta cuatro horas de cola en ventanilla: el banco de Insfrán convierte cada mes el cobro de una jubilación en un calvario, mientras la falla "casual" que solo afecta a los plásticos con banda magnética y PIN huele a maniobra deliberada para forzar a los clientes rehenes a cambiar de tarjeta, en una provincia donde el agente financiero del Estado no tiene competencia, no rinde cuentas y ya acumula condenas judiciales por estafas virtuales.

Shakira lo dijo sin saber que hablaba de Formosa: "las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Parafraseando: los hospitales provinciales no lloran, facturan. Le cobran millones al PAMI por atender a los abuelos, les cobran a las prepagas VIP, pero atienden gratis a ciudadanos paraguayos que no aportan un peso al Estado argentino. Esa es la verdadera doble vara que la operación de prensa oficialista esconde mientras señala con el dedo a los libertarios.

La Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) rechazó de forma categórica el punto sexto del Acuerdo N° 3304, firmado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Formosa. El gremio mayoritario advierte que se trata de una maniobra para eludir el "Vaderef" y acusa a la conducción de Blanca Almirón de actuar en favor de los funcionarios y en contra de los derechos de los empleados.

AJUFSA volvió a movilizarse frente al Superior Tribunal de Justicia y advirtió que siguen pendientes diferencias salariales de agosto y septiembre. El gremio cuestiona aumentos que, según sostiene, favorecieron a magistrados y funcionarios, mientras los trabajadores reclaman una recomposición. Los descuentos por huelga y la negociación abierta con otra organización sindical agregaron nuevos motivos de enfrentamiento.

Mientras el oficialismo recorre obras y exhibe una gestión que pretende mostrarse eficiente, detrás del anfiteatro una bomba de desagote quedó fuera de servicio, con los caños desmontados y sin maquinaria adecuada para completar la limpieza. El problema no es solamente técnico: es la evidencia de una respuesta tardía frente a una infraestructura que puede volverse crítica cuando lleguen las lluvias.

El diputado nacional apuntó contra el Instituto de Tierras y la Policía de Formosa por un presunto ingreso irregular a un establecimiento rural de Las Lomitas. Asegura que no fue notificado, denuncia daños en los accesos y reclama la intervención de la Justicia Federal. Además, vinculó el episodio con su enfrentamiento político con Gildo Insfrán y volvió a poner bajo la lupa el manejo de las tierras fiscales en la provincia.

La diputada nacional Graciela de la Rosa quiso convertir una comisión de Presupuesto en una tribuna para defender el relato educativo del gildismo. Habló de las 1.550 escuelas, de los techos azules, del financiamiento provincial y de una supuesta inversión ejemplar. Pero Alejandro Álvarez, secretario de Educación de la Nación, le devolvió la discusión al terreno de los hechos y expuso, casi sin proponérselo, las contradicciones de una defensa política que en Formosa se repite como una verdad revelada, pero que en Buenos Aires no resiste demasiado cuando alguien conoce los números.

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Defender la universidad pública no significa justificar el gasto sin límites ni volver a la emisión y la inflación para financiarlo. Sin equilibrio fiscal, también quedan en riesgo la salud, la seguridad y los recursos que reciben las provincias. La discusión no es educación sí o no: es cómo financiarla sin empobrecer a la sociedad y cómo terminar con los privilegios, la falta de controles y el uso político de los recursos públicos.

Mientras De Loredo lanza "Hacer el Futuro" y usa a Formosa como sinónimo de estancamiento, la provincia gobernada por el peronismo desde 1995 sigue sin poder escribir su propia historia: pobreza estructural, dependencia del empleo público y una dirigencia que hace décadas confunde perpetuarse con gobernar.

La Policía de Formosa confirmó la detención del presunto autor del doble homicidio ocurrido el viernes por la mañana en una estancia de Gran Guardia, donde un hombre y una mujer murieron por heridas de arma de fuego y una tercera mujer resultó lesionada. El arresto se produjo en territorio santafesino luego de que el sospechoso intentara alejarse de la provincia en un micro de larga distancia, y significó el cierre de una primera etapa de una investigación que avanza bajo la dirección de la Justicia.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

El Campus de la Universidad Nacional de Formosa volvió a ser escenario de daños y hechos de violencia. Esta vez, el blanco fue el Comedor Universitario. Rompieron el vidrio de la puerta principal y forzaron una de las puertas de emergencia. La reiteración de episodios vuelve a poner bajo la lupa la seguridad dentro de la institución.

La intervención de la Corte Suprema sobre el artículo transitorio de la nueva Constitución puede poner límites a una eventual novena candidatura de Gildo Insfrán. Pero convertir una decisión judicial en una bandera electoral y creer que, sin Insfrán, los mismos opositores de siempre heredarán automáticamente el poder es una muestra de ingenuidad política. La perpetuidad también existe del otro lado.

Matías Kulfas llegó a Formosa para explicar los errores de Milei y ofrecerle al peronismo una receta de estabilidad, producción y empleo. Lo que no llevó en la valija fue el balance de su propia gestión como ministro de Desarrollo Productivo: mucho diagnóstico sobre los fracasos ajenos y ninguna autocrítica sobre los resultados del gobierno del que formó parte.

La Cámara Federal rechazó el planteo por una cuestión procesal, pero no avaló la permanencia de los consiliarios cuestionados ni descartó las denuncias por presunta caducidad de mandato e incompatibilidades. El conflicto institucional sigue abierto y ahora deberá buscar otra vía judicial para llegar al fondo.

La señal más preocupante es cuando el crédito deja de financiar inversión o consumo extraordinario y comienza a utilizarse para cubrir gastos cotidianos como la  comida, la morosidad deja de ser solamente un problema bancario. Se convierte en un indicador de la capacidad real de los hogares para llegar a fin de mes.

El Gobierno de Gildo Insfrán vuelve a convertir una enorme erogación de fondos públicos en una operación propagandística: se anuncian más de 200.000 juguetes, se despliega una gigantesca logística por toda la provincia, pero no aparece con claridad cuánto costó la compra ni quién fue el proveedor. Una estimación razonable permite ubicarla en el orden de los $1.500 a $2.000 millones, aunque el monto real solamente puede surgir del expediente de contratación.

El gobernador anunció un aumento del 15%, pero decidió entregarlo en tres cuotas de apenas 5%. En una provincia donde el ingreso de bolsillo de la enorme mayoría de los empleados públicos y jubilados ronda el millón de pesos, el anuncio no cambia la realidad: apenas administra la pobreza con mayor prolijidad.

El tribunal consideró que no se acreditó la urgencia ni la fuerte verosimilitud requerida para este tipo de acciones excepcionales, y reafirmó los límites de la autonomía universitaria frente al control judicial. Los jueces recordaron que, semanas antes, la misma Cámara había revocado el procesamiento del Rector Palmetler, por lo que la falta de información alegada por los actores no podía sustentar una situación de gravedad institucional que justificara la intervención del Poder Judicial en la órbita de autogobierno de la casa de altos estudios.