Montoya denunció graves irregularidades en el Jury contra el juez de Clorinda, Julio Mauriño y cuestionó una nueva designación

La Legislatura de Formosa debatió la designación de una integrante suplente de la oposición para el Jurado de Enjuiciamiento que interviene en la causa contra el juez de Clorinda, Julio Raúl Mauriño, a raíz de una denuncia presentada por el procurador general de la provincia.

El tratamiento del expediente derivó en una fuerte exposición del diputado Miguel Ángel Montoya, quien cuestionó la necesidad de incorporar a otra representante opositora y denunció una serie de presuntas irregularidades procesales en el funcionamiento del organismo encargado de evaluar la conducta de magistrados y funcionarios.

La discusión se produjo después de que se planteara la designación de Agostina Villaggi como integrante complementaria del Jurado de Enjuiciamiento, exclusivamente para intervenir en la causa contra Mauriño. La medida fue presentada por las autoridades legislativas como una alternativa para evitar que se frustrara la audiencia prevista para el próximo 3 de noviembre.

Montoya cuestionó la necesidad de incorporar otra integrante

Montoya sostuvo que no existían razones suficientes para designar a una nueva integrante, dado que la diputada Carla Zaizer  había presentado un certificado médico por 48 horas, justificando su ausencia en la sesión legislativa. Según el legislador, esa situación constituía una ausencia transitoria y no una renuncia ni una vacancia definitiva que habilitara su reemplazo.

El diputado recordó que la Cámara había designado previamente a los representantes de la minoría y defendió la continuidad de Zaizer en el organismo. A su entender, incorporar a otra legisladora sin que existiera una vacante efectiva podía alterar una decisión institucional adoptada con una amplia mayoría.

Sin embargo, el argumento central de su intervención fue más allá de la discusión sobre la integración del jurado. Montoya aprovechó el tratamiento del expediente para exponer cuestionamientos sobre el procedimiento seguido en la causa contra el magistrado de Clorinda.

Cambios en la acusación y cuestionamientos a las garantías procesales

El legislador explicó que el procedimiento se había iniciado a partir de una denuncia por supuesto acoso laboral contra Mauriño, sustentada, según relató, en conversaciones de WhatsApp incorporadas como material probatorio.

Montoya afirmó que, a su criterio, la causal inicial presentaba inconsistencias y no tenía entidad suficiente para justificar un procedimiento de semejante gravedad. También señaló que, durante las audiencias, integrantes del propio oficialismo habrían expresado reparos sobre la consistencia de la acusación original.

Uno de los puntos más delicados de su exposición fue la modificación de la causal durante el desarrollo del procedimiento. Según denunció, el jurado continuó adelante con una acusación modificada sin convocar a una nueva integración del organismo.

El diputado sostuvo que esa alteración había generado cuestionamientos dentro del propio jurado y que algunos de sus integrantes advirtieron sobre las posibles consecuencias jurídicas de continuar las actuaciones en esas condiciones.

En ese contexto, Montoya describió una audiencia en la que, según su versión, participaron el procurador general de la provincia y los integrantes del jurado, pero no estuvo presente la defensa del magistrado.

Para el legislador, la discusión de cuestiones sustanciales del procedimiento sin la participación del abogado defensor comprometía las garantías constitucionales y el derecho de defensa. También cuestionó que, posteriormente, se intentara presentar ese encuentro como una instancia destinada a resolver aspectos administrativos o formales.

Montoya aseguró que durante aquella reunión se discutieron cuestiones vinculadas con las consecuencias jurídicas del cambio de la causal de acusación. Según su relato, el intercambio incluyó advertencias sobre la posibilidad de que las actuaciones pudieran ser cuestionadas por su validez.

Estas afirmaciones corresponden a la exposición del diputado durante la sesión y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la existencia de irregularidades.

La recusación y el apartamiento de Montoya

El legislador también relató que, una vez que la defensa tomó conocimiento de lo sucedido, planteó la nulidad de las actuaciones y la recusación de los integrantes del jurado.

Montoya afirmó que acompañó los argumentos del abogado defensor y cuestionó la interpretación que, según sostuvo, hizo el organismo de su posición.

De acuerdo con su exposición, el jurado interpretó que sus manifestaciones constituían un planteo de recusación propio y resolvió apartarlo del procedimiento, pese a que él aseguró no haber formulado ese pedido en los términos que se le atribuyeron.

Además, objetó el fundamento normativo utilizado para adoptar esa decisión. Sostuvo que se había recurrido al artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando, según su interpretación de la Ley 1095, correspondía aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal.

El diputado consideró que esa decisión representaba un problema adicional en un procedimiento cuyo resultado puede determinar la continuidad de un magistrado en su cargo.

También aclaró que sus cuestionamientos no implicaban una defensa personal del juez Mauriño ni un pronunciamiento anticipado sobre el fondo de la denuncia. Su planteo, insistió, estaba dirigido al procedimiento y a las garantías que deben regir una instancia de esa naturaleza.

El oficialismo defendió una designación complementaria

Ante los cuestionamientos de Montoya, desde la conducción legislativa se aclaró que la designación propuesta no tenía como objetivo sustituir a Suizer ni modificar la representación opositora establecida previamente.

La explicación fue que Villaggi actuaría de manera complementaria y exclusivamente para la causa contra Mauriño. Si Suizer se presentaba a la audiencia del 3 de noviembre, continuaría ejerciendo su función; en caso contrario, Villaggi podría intervenir para evitar que la ausencia impidiera avanzar con el procedimiento.

Durante el debate también se propuso dejar expresamente establecido que la nueva resolución no alteraba la vigencia de la decisión legislativa anterior sobre la integración del Jurado de Enjuiciamiento.

El texto finalmente sometido a consideración contempló la incorporación de Vilay para esa causa específica, manteniendo la designación previa de los representantes de la minoría.

Montoya volvió a cuestionar la decisión. Señaló que anteriormente se habían suspendido audiencias por ausencias de integrantes del jurado y preguntó por qué, en esta oportunidad, se consideraba necesario adoptar una medida extraordinaria para garantizar la realización de la audiencia.

Pese a las objeciones, la Cámara avanzó con el tratamiento de la resolución.

Aprobación de la resolución

La designación complementaria de Agustina Vilay fue aprobada en la votación nominal, con 24 votos afirmativos según el recuento anunciado durante la sesión.

El debate por el Jurado de Enjuiciamiento dejó planteada una controversia institucional que excede la designación de una suplente: mientras la conducción legislativa defendió la necesidad de asegurar la continuidad de la audiencia prevista para el 3 de noviembre, Montoya puso el foco en las garantías del procedimiento y en las decisiones adoptadas durante la tramitación de la denuncia contra el juez de Clorinda.