La Legislatura y una reforma de la Ley 521 para convertir al Poder Judicial en una estructura de control y disciplinamiento

La discusión por la modificación de la Ley 521 del Poder Judicial dejó algo más que una diferencia entre oficialismo y oposición en la Legislatura Provincial. Puso nuevamente en evidencia el problema central de la institucionalidad formoseña: la distancia entre lo que el poder proclama y lo que efectivamente sucede cuando un ciudadano necesita que la Justicia funcione.

La diputada radical Agustina Villaggi fue contundente al fundamentar el rechazo de su bloque. No defendió la legislación vigente ni negó la necesidad de actualizarla. Por el contrario, reconoció que la norma tiene décadas y que necesita ser reemplazada. Pero estableció una diferencia sustancial entre modificar una ley y transformar un sistema. “Vamos a votar en contra porque este proyecto de ley que nos ha traído al recinto no transforma, no moderniza ni agiliza el funcionamiento o el servicio de justicia”, sostuvo.

Su argumento central fue tan sencillo como incómodo para el oficialismo: la nueva legislación no modifica las condiciones en las que los formoseños acceden a los tribunales. “Esta ley no cambia nada de lo que el formoseño sufre cada vez que pisa un tribunal”, afirmó.

Y para demostrarlo no recurrió a abstracciones jurídicas. Señaló que el proyecto no crea un solo juzgado nuevo y que mantiene la estructura existente, pese al crecimiento poblacional y al incremento de los conflictos judiciales. “Hace más de 20 años que en esta provincia no se crean nuevos juzgados civiles, comerciales ni penales”, denunció.

La descripción de la realidad judicial que hizo Villaggi es demoledora. Los expedientes se acumulan, los juzgados están desbordados y la capacidad operativa resulta insuficiente para responder a la demanda. La consecuencia es una Justicia que no consigue procesar el volumen de trabajo que recibe y que termina ofreciendo respuestas tardías o directamente insuficientes.

La legisladora también puso el foco en una de las promesas más repetidas por el Superior Tribunal de Justicia: la digitalización. Su diagnóstico fue categórico: “El expediente digital no existe”. Y agregó: “Somos la única provincia de la Argentina que seguimos con la mesa de entrada y los papeles”.

La afirmación contrasta con los anuncios de modernización que periódicamente difunde la conducción judicial. Para Villaggi, publicar listas de despacho no significa haber digitalizado un expediente ni haber transformado el funcionamiento de los tribunales. “El Superior Tribunal de Justicia hace rato y viene haciendo anuncios de digitalización, de modernización. Bueno, eso es puro cuento, puro relato”, expresó.

La situación del interior provincial tampoco escapa a esa precariedad estructural. La diputada describió juzgados que deben atender simultáneamente distintas competencias y fueros, con magistrados obligados a resolver conflictos de naturaleza completamente diferente dentro de una misma estructura. La especialización judicial, en esas condiciones, queda subordinada a la insuficiencia de recursos y de organización.

A esto se suma la ausencia de fiscalías especializadas en violencia de género y en narcotráfico, además de la falta de implementación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contemplada en la Constitución provincial. Villaggi recordó que presentó iniciativas sobre estas cuestiones y cuestionó que no hayan recibido un tratamiento serio.

La conclusión fue una definición que atraviesa todo el debate: “Con juzgados abarrotados, no vamos a transformar absolutamente nada más allá de que ordenemos, organicemos los textos y cambiemos algunas palabras”.

Pero el cuestionamiento más profundo apareció cuando la diputada dejó de hablar de infraestructura y comenzó a hablar de transparencia. La reforma, según expuso, no incorpora obligaciones concretas para publicar sentencias, estadísticas de funcionamiento de los juzgados, ejecución presupuestaria ni declaraciones juradas de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Es decir, se pretende reorganizar el Poder Judicial sin establecer herramientas suficientes para que la sociedad pueda conocer cómo funciona, cómo administra sus recursos y qué resultados produce. Tampoco se modifica el mecanismo de designación de sus máximas autoridades ni se incorporan audiencias públicas que permitan conocer y debatir los antecedentes de quienes ocuparán esos cargos.

La sociedad continúa relegada de decisiones fundamentales para uno de los poderes del Estado. La transparencia aparece como una palabra conveniente en los discursos, pero no como una obligación institucional dentro de la reforma.

Villaggi también advirtió sobre una cuestión jurídica de enorme relevancia: la autonomía del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La Constitución provincial reconoce esa autonomía funcional, pero el proyecto incorpora ambos organismos a una estructura que deja aspectos sustanciales de su funcionamiento bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia.

“Por un lado hablamos de que le damos autonomía, pero es en los papeles porque no le damos ni autonomía financiera ni autarquía”, cuestionó.

La legisladora planteó la necesidad de contar con leyes orgánicas propias, estructuras administrativas independientes, mecanismos específicos de designación y administración presupuestaria autónoma. La independencia de fiscales y defensores no puede quedar reducida a una declaración constitucional si sus recursos, designaciones y funcionamiento administrativo continúan dependiendo de otra estructura judicial.

Sin embargo, uno de los pasajes más delicados de su exposición estuvo relacionado con los ingresos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el tratamiento salarial de los trabajadores judiciales.

Villaggi denunció que los ministros del máximo tribunal se otorgaron un incremento del 118 por ciento bajo la figura de gastos protocolares. Su planteo no cuestionó que los magistrados deban percibir remuneraciones adecuadas. Fue explícita al reconocer que jueces, fiscales, funcionarios, empleados y jubilados tienen derecho a salarios dignos. Lo que puso en discusión fue el mecanismo elegido y sus consecuencias.

Según explicó, al otorgarse por fuera del salario formal, ese incremento no se trasladaría mediante el sistema de enganche a los trabajadores y jubilados judiciales.

“Un sobresueldo para la cúpula, armado para que no llegue a los trabajadores y a los jubilados”, fue la definición de la diputada.

La denuncia tiene una gravedad adicional porque se produce en medio de los reclamos salariales de los empleados judiciales, que vienen realizando medidas de fuerza para exigir una recomposición de sus ingresos. Villaggi señaló que durante el último paro se descontaron haberes no solamente a quienes participaron de la protesta, sino también a trabajadores que habían presentado certificados médicos.

“Ellos arremeten contra el que realmente trabaja todos los días para poder sacar un proveído en tiempo y forma”, sostuvo.

La contradicción es evidente en el planteo legislativo: mientras la cúpula judicial habría encontrado una fórmula para mejorar sus propios ingresos sin incorporarlos al salario formal, los trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales deben reclamar por sus remuneraciones y enfrentar descuentos.

La diputada vinculó además esa decisión con el valor del jus, utilizado para calcular los honorarios profesionales de los abogados. Al no trasladarse esos incrementos a la remuneración formal de los magistrados, la base de cálculo quedó rezagada. Según su exposición, los abogados formoseños se encuentran entre los que perciben los valores más bajos del país.

La cuestión ya no es solamente salarial. Es una discusión sobre las prioridades de quienes conducen el Poder Judicial y sobre la distribución de los recursos dentro de una institución que debería garantizar igualdad de trato y respeto por los derechos de todos sus integrantes.

Pero si existe un aspecto que atraviesa toda la intervención de Villaggi es el de la independencia judicial. Y allí recuperó episodios que forman parte de una relación institucional demasiado visible entre el Poder Ejecutivo y la conducción de la Justicia provincial.

La diputada recordó los agradecimientos públicos de autoridades del Superior Tribunal al gobernador Gildo Insfrán durante inauguraciones de edificios judiciales. Mencionó particularmente las expresiones del entonces presidente del STJ, doctor Alucín, y otro episodio reciente relacionado con la inauguración de un juzgado de paz.

Villaggi puso el dedo en una contradicción elemental: el Poder Ejecutivo tiene obligaciones presupuestarias e institucionales respecto del funcionamiento de la Justicia. No está haciendo una concesión personal cuando garantiza recursos para que otro poder del Estado pueda cumplir sus funciones.

Por eso su observación fue particularmente incisiva: “La cabeza de un poder del Estado que se supone que tiene que controlar está agradeciéndole algo a una persona que tiene la obligación de mandar un presupuesto para que el Poder Judicial funcione como debe funcionar”.

No es una cuestión de cortesía protocolar. Es una imagen institucional que alimenta las sospechas sobre la independencia de un poder que debe tener capacidad para controlar al gobierno, incluso cuando las decisiones judiciales afectan directamente los intereses del Ejecutivo.

La advertencia se vuelve todavía más relevante cuando se recuerda la historia constitucional de Formosa. Villaggi mencionó la interpretación del Superior Tribunal de Justicia de 1999 que permitió habilitar la continuidad de la reelección del gobernador y la posterior intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2024 declaró inconstitucional la reelección indefinida.

Durante décadas, una cuestión fundamental para el funcionamiento democrático de la provincia permaneció sin una respuesta judicial que pusiera límites constitucionales al poder. Finalmente, fue la Corte Suprema la que intervino para establecerlos.

Ese antecedente explica por qué hablar de independencia judicial en Formosa no puede ser una discusión secundaria. No alcanza con que los magistrados tengan estabilidad, buenos salarios o edificios nuevos. La independencia se demuestra cuando deben resolver asuntos que comprometen al poder político y son capaces de hacerlo sin subordinaciones ni condicionamientos.

El cierre de Villaggi tuvo una dimensión personal que también merece ser destacada. La diputada reconoció que sus críticas pueden tener consecuencias en los mismos tribunales donde desarrolla su actividad profesional. Sin embargo, decidió expresarlas desde su banca.

“Yo no llegué a esta banca para cuidar mi carrera”, afirmó.

Y explicó cuál es el motivo de su posición: “Estoy cansada de ver a la gente esperar años por una sentencia, o una justicia que mira para otro lado cuando el denunciado es el Poder Ejecutivo, o una justicia que actúa diferente de acuerdo a quién denuncia o a quién acciona”.

No se trata solamente de una crítica a una ley. Es una denuncia política sobre el funcionamiento de una institución que debería ser una garantía para todos, pero cuya independencia y eficacia están permanentemente bajo cuestionamiento.

La reforma de la Ley 521 pudo haber sido una oportunidad para discutir seriamente la Justicia que necesita Formosa. Más juzgados, fiscalías especializadas, expediente digital, transparencia presupuestaria, publicidad de sentencias, autonomía del Ministerio Público y mecanismos de participación ciudadana. Ninguno de esos asuntos podía quedar reducido a una actualización de palabras y artículos.

El oficialismo podrá contabilizar los votos y presentar la aprobación como una transformación institucional. Pero la realidad de los tribunales no cambia porque una Legislatura vote un texto nuevo. Los expedientes seguirán acumulándose, los ciudadanos continuarán esperando, los trabajadores seguirán reclamando y la independencia judicial continuará siendo una deuda si no se modifican las condiciones que la ponen en cuestión.

Villaggi sintetizó el sentido de su rechazo con una frase que debería funcionar como conclusión de todo el debate: “Esta ley es un maquillaje, con palabras nuevas que no solucionan nada”.

Y terminó con una definición que trasciende las diferencias partidarias y alcanza el corazón mismo de cualquier sistema republicano: “Exigimos una justicia que no esté al servicio de, sino una justicia que sea servicio para la gente”.

Ese es el verdadero problema que la reforma no resuelve. Formosa no necesita una Justicia mejor organizada para administrar su propia dependencia. Necesita una Justicia independiente del poder político, transparente en el manejo de sus recursos, eficiente en sus respuestas y capaz de garantizar los mismos derechos para todos.

Porque una Justicia que no controla al poder, que no rinde cuentas a la sociedad y que no garantiza respuestas oportunas puede tener una ley nueva, pero seguirá teniendo la misma vieja deuda con los formoseños.