Las tareas de investigación de la Fuerza desencadenaron en el secuestro de un vehículo con el estupefaciente y la detención de tres personas, el allanamiento de cuatro inmuebles en Salta y uno en Buenos Aires, se incautaron vehículos, dinero en efectivo, documentación de interés, dispositivos tecnológicos, armas de fuego, cargadores y municiones.
Locales14/08/2021
leonardo fernández acosta
El procedimiento se concretó a raíz de las actividades investigativas llevadas adelante por la Sección de Investigaciones Antidrogas Aguaray con apoyo de la Sección de Investigaciones Antidrogas Clorinda, del Escuadrón de Operaciones Antidrogas y otras Unidades de la Fuerza, con conocimiento de la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Formosa, en el marco de una causa judicial relacionada al transporte de estupefacientes desde la provincia de Formosa hasta Buenos Aires.
Las pesquisas continuaron con la coordinación de un operativo de vigilancia que concluyó a la altura del kilómetro 1.626 de la Ruta Nacional N°81, cuando los efectivos desplegados en la Patrulla Fija “El Simbolar” dependiente del Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez", procedieron a controlar un vehículo Citroen C3 Aircross con el apoyo del can antinarcóticos de la Fuerza, el cual reaccionó de manera exaltada en el sector del piso del rodado.
Ante esto, los uniformados profundizaron la inspección, detectando un doble fondo en el interior del vehículo, desde el cual se extrajeron 20 paquetes rectangulares que contenían 21 kilos 845 gramos de cocaína. Asimismo, detuvieron a los tres ocupantes y decomisaron teléfonos celulares y 40.120 pesos argentinos.
Como consecuencia del hecho, el Magistrado interviniente libró tres órdenes de allanamiento en Santa Victoria Este (Salta), una en la localidad salteña de Coronel Juan Solá y otra en la localidad bonaerense de Villa Celina, donde los gendarmes detectaron una camioneta, un automóvil, una moto, aparatos telefónicos, dispositivos de almacenaje, 200 dólares estadounidenses, una carabina y una escopeta calibre 22 mm, 170 municiones del mismo calibre, dos cargadores, 25 cartuchos de plástico calibre 36 mm y documentación de interés.
Los uniformados incautaron el estupefaciente y los elementos hallados, como así también llevaron a cabo la detención de los ciudadanos involucrados, integrantes de una organización ilícita, en infracción a la Ley N° 23.737.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
