Leonardo Gialluca, conocido hasta hace unos meses como Defensor del pueblo y luego como usurpador del cargo, volvería a desacreditar esa función por 5 años más.
Locales17/11/2021
leonardo fernández acosta
Aportando al PJ como militante, con un pedido de juicio político, absolutamente repudiado por la sociedad de la ciudad capital, el Dr. Leonardo Gialluca podría ser propuesto por un periodo más y completaría los 20 años como Defensor del Pueblo, faltando a toda ética y moral después de sus nefastas intervenciones.
Usurpó el cargo desde el mes de marzo de este año, siguió firmando resoluciones e interviniendo cometiendo actos viciados de nulidad. No estuvo en una sola de las oportunidades en donde se violaron DDHH., la constitución nacional, en la salvaje represión del 5 de marzo, con la detención de menores, con la vejación y tortura de los mismos. Actuando en contra de los Comisarios corruptos.
Jamás el poco serio Gialluca, quien en una oportunidad reemplazó la cabeza en una foto y puso la suya con photoshop, para inventar que había estado en un encuentro nacional, o aquel que en una procesión de niñas del colegio Santa Isabel, se negó a esperar y siguió con su vehículo sin importarle la integridad de las alumnas, defendió al pueblo. Todo lo contrario, defendió al gobierno como única gestión conocida de este nefasto personaje.
Tiene en su haber el atacar a la prensa crítica, cuando inició una causa penal por encargo para detener sin aviso, a los periodistas más reconocidos de la ciudad en resistencia al regimen totalitario de Insfrán. Y el haber atacado a la Justicia Federal cuando esta tramitaba Habeas Corpus por las restricciones ilegales que volvieron a la provincia una cárcel.
La mayoría autómata de la Legislatura Provincial que no debería sino esperar el recambio, estaría por nombrar a este tipo de funcionarios serviles, en un organismo de la Constitución Nacional y a manera de burla para enrostrarles a los ciudadanos de la ciudad de Formosa, que el poder lo mantiene Insfrán. Que él puede nombrar al peor, al más inútil, al más servil, como cuando Calígula nombró senador a su caballo.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
