Cuando se analiza la distribución de esos fondos (que llegan por coparticipación federal y otras transferencias automáticas regidas por Ley 23.548) Misiones recibió apenas el 21,3% de los fondos que llegaron al NEA, el valor más bajo en la región, ya que Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23%.
El sistema de aterrizaje por instrumentos o ILS, tiene varias versiones, sin embargo la que utilizan en el aeropuerto local tiene parámetros mínimos para operar. Necesita 1200 metros de visibilidad horizontal y un techo de nubes de 200 metros.
El actual administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, reemplazaría a Ignacio Barrios Arrechea que fue acusado por el kirchnerismo de favorecer a empresas macristas.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
