"El gobierno de Insfrán le ajustó el salario un 400% a los empleados estatales con el aumento aplicado por la empresa de energía eléctrica. El empleado público destina un promedio del 20% o incluso más de su sueldo para pagar la luz. En Formosa tenemos los sueldos más bajos del país y pagamos una de las tarifas más altas sin fuentes de energía alternativas" aseguraron.
Este encuentro encabezado por Capitanich contará con la presencia de doce mandatarios de la Liga: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Arabela Carreras (Río Negro).
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
