Para nada se trata de austeridad, es el ajuste que pega de lleno en las arcas de la provincia de Formosa y el gobernador, tratando de no quedar expuesto ante un gobierno que controla a larga distancia todos los movimientos financieros de las provincias.
"No podemos permitir que los vehículos oficiales que paga todo el pueblo se utilicen para cuestiones personales, incluso viajes de placer, no tienen identificación, no pagan combustible ni estacionamiento como sí tienen que hacerlo los empleados públicos. Pedimos que los funcionarios utilicen sus vehículos particulares o el transporte público".
El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Mientras nuestros chicos mueren, sufren o callan, el Estado responde con silencio y la sociedad mira para otro lado. En Formosa, la tragedia infantil ya no conmueve: apenas ocupa un renglón entre las estadísticas.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
