Juicio por la obra pública

El diputado nacional Atilio Basualdo acusó al procurador general Sergio Rolando López de ser un "delincuente" y denunció que la fiscal Estela Zabala y el juez Marcelo Picabea forman parte de una estructura judicial que, según afirmó, arma causas por encargo político de Gildo Insfrán para perseguir opositores y garantizar resultados previamente definidos desde el poder.

Mientras el gobierno de Gildo Insfrán exhibe obras, actos y cifras de gestión, Formosa aparece entre las provincias con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país. Detrás del relato oficial sobreviven comunidades sin agua, sin vivienda digna y con familias que apenas acceden a un plato de comida.

Mientras médicos y personal sanitario denuncian recortes de guardias, auditorías y pérdida de espacios de decisión, la nueva gestión suma funcionarios que no son médicos y profundiza el malestar dentro del sistema de salud pública.

La compra de camperas valuadas en alrededor de 160 mil pesos cada una reavivó el malestar dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, donde médicos y trabajadores aseguran que las prioridades parecen estar lejos de las necesidades urgentes de hospitales y centros de salud. Nombramientos para todos y hasta viviendas del IPV con entrega en 24 horas.

Mientras la Justicia investiga a la titular del organismo encargado de controlar las cuentas públicas, la Legislatura eligió protegerla. El oficialismo bloqueó el juicio político, impidió que se escucharan sus fundamentos y convirtió una sesión parlamentaria en una demostración de fuerza para garantizar que nadie toque a los propios.