El tribunal la encontró culpable por defraudación al Estado por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez; fue absuelta por asociación ilícita; la vicepresidenta no irá presa y podrá ser candidata el año próximo porque le quedan instancias de apelación.
Nacionales06/12/2022
leonardo fernández acosta
En un fallo histórico, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada hoy a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.
El tribunal dispuso el decomiso de 84.835.227.300 de pesos actualizados, que es el monto de “los efectos del delitos”.
Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
El veredicto, fue leído desde la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002 por el juez Jorge Gorini, y dictado junto con sus coleas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fallo fue dividido ya que el juez Basso se pronunció por la condena por asociación ilícita, pero quedó en minoría.
Apenas terminada la lectura del veredicto, desde el Senado, Cristina Kirchner dio un mensaje y denunció al Poder Judicial. “Son un estado paralelo, es la mafia judicial”, dijo la vicepresidenta, que adelantó que apelará la sentencia.
La sentencia fue recibida con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio de Comodoro Py 2002. La agrupción del piquetero Luis D’Elía empezó a agitar las vallas que rodean al edificio, lo que generó que la policía de la guardia de infantería se colocara cerca de las reja con sus escudos listos para intervenir, pero no fue necesario hacerlo.
Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo vía Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitió luego un mensaje por las redes sociales.
El tribunal oral absolvió al exministro de Planificación Julio de De Vido, a Abel Fatala y a Héctor Garro por los hechos que fueron motivo del juicio. Y en el mismo sentido sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner, por prescripción del delito de incumplimetino de los deberes de funcionario publico.
Además de Cristina Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.
López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado la pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años.
Es la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina durante su segundo mandato.
A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo corresponde condenarla por el delito de fraude.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
