En la reunión de la Comisión de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación hubo participación de abogados formoseños y la provincia fue puesta de ejemplo como una de ellas en donde se cometen excesos desde la policía.
Con tres décadas ininterrumpidas al frente de la provincia, Gildo Insfrán supera en permanencia a Stalin, iguala a Ortega y sigue ampliando su récord con el aval de una democracia amañada, una oposición neutralizada y una población rehén de la dependencia estatal. Formosa es un experimento de eternidad política en el corazón del país.
Destruyen por enésima vez los mismos puentes precarios sobre el río Pilcomayo. Un operativo que se repite como un ritual sin sentido, muestra la escandalosa precariedad y el abandono estructural de la frontera entre Argentina y Paraguay.
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La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados podría sesionar en Formosa tras la denuncia de persecución judicial a periodistas. Legisladores nacionales denuncian el uso del poder judicial como herramienta de censura, y apuntan directamente al gobernador Gildo Insfrán por las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades más básicas.
Mientras miles de formoseños reciben facturas impagables, el gobierno de Insfrán se escuda en un informe “académico” de la UBA-CONICET que manipula datos para sostener una mentira técnica: que en Formosa la luz es barata. La universidad pública, en lugar de controlar al poder, le presta su sello para legitimar el abuso. Ciencia convertida en propaganda, estadísticas al servicio del saqueo.
Mientras el oficialismo formoseño y sus usinas satélites venden igualdad con estadísticas amañadas, la realidad muestra una provincia empobrecida, con su economía paralizada, salarios públicos por debajo de la canasta básica y un consumo que no repunta. La “equidad” en Formosa se logra porque nadie tiene nada.
