Impugnación

La difusión de un video que mostraba una intensa llamarada en la planta de Unitán derivó en denuncias por intimidación pública, desmentidas oficiales, una controvertida retractación y la detención de Daniel Suizer. Mientras persisten las dudas sobre lo ocurrido dentro de la fábrica, el caso reabre el debate sobre los límites del poder, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a informarse en la Formosa gobernada por Gildo Insfrán.

La invisibilización del caso Xiomara Portillo y la ausencia de reclamos al gobierno de Gildo Insfrán durante la marcha de Ni Una Menos expusieron una contradicción difícil de ocultar: una causa nacida para exigir justicia pierde fuerza cuando silencia los casos más sensibles de la provincia y evita señalar a quienes gobiernan desde hace más de tres décadas las políticas destinadas a prevenir la violencia de género.

El abogado Javier Vargas pidió que otro organismo analice los teléfonos peritados para determinar si la pérdida de información fue provocada por sus propietarios o se produjo durante la investigación. La polémica vuelve a poner el foco sobre la calidad de las pruebas en una causa que sigue sin respuestas.

El oficialismo y sectores de la oposición rechazaron discutir el proyecto de manera exprés, aunque coincidieron en que la cuestión merece análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El debate terminó con un fuerte cruce entre el senador formoseño y Victoria Villarruel.

El diputado nacional Atilio Basualdo acusó al procurador general Sergio Rolando López de ser un "delincuente" y denunció que la fiscal Estela Zabala y el juez Marcelo Picabea forman parte de una estructura judicial que, según afirmó, arma causas por encargo político de Gildo Insfrán para perseguir opositores y garantizar resultados previamente definidos desde el poder.