Lejos de ser el principal problema de los intendentes sumisos al gildismo, el dinero para la campaña pasa a un segundo plano, cuando caen en la cuenta (aquellos que han averiguado) que pueden correr la misma suerte de impugnación, que el compañero conductor, Gildo Insfrán.
Locales18/05/2023
leonardo fernández acosta
El reto público al intendente de Pirané, Mario Norberto Diakovsky, fue denigrante para un representante de esa localidad en su propio pueblo y delante de toda su gente. Sin embargo no es el único intendente que ha caído en desgracia respecto de los fondos para la campaña electoral.
Pero lejos de ser el principal problema de los intendentes sumisos al gildismo, el dinero para la campaña pasa a un segundo plano, cuando caen en la cuenta (aquellos que han averiguado) que pueden correr la misma suerte de impugnación, que el compañero conductor, Gildo Insfrán.
En la lista entrarían en un orden aleatorio, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, que va por su tercer mandato, luego el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, que también va por su tercer mandato, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, por su quinto período.
Atilio Basualdo de Las Lomitas va por su tercer período y suman todos los que cuando el domingo oficialicen sus nombres, quedarán en la situación de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema: Mario Diakovsky de Pirané, Adan Jarzynki de Ibarreta, Ricardo Lemos de Laguna Blanca, Juan Carlos Jacquemin de Fontana, Ruben Solalinde de Riacho He Hé, Raul D´Zakich de Palo Santo, José Lezcano de Misión Laishí, Lorenzo Schmidt de Villa Dos Trece, Luis Corvalán de Laguna Yema, Aldo Minetti de Belgrano, Ramón Blasco de Mosconi, Celia Robles de Villa Escolar, Ruben Pereira de Buena Vista, Salvador Figueredo de San Hilario, Guillermo Silva de Tres Lagunas, Antonio Caldera de Los Chiriguanos, Diego Romero de Subteniente Perín, Antonio Torrez de Fortín Lugones, entre otros presidentes de Comisión de Fomento que están pasados de re reelecciones si así lo resuelve la Corte Suprema respecto de la candidatura al octavo mandato del gobernador Insfrán.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
