Lejos de ser el principal problema de los intendentes sumisos al gildismo, el dinero para la campaña pasa a un segundo plano, cuando caen en la cuenta (aquellos que han averiguado) que pueden correr la misma suerte de impugnación, que el compañero conductor, Gildo Insfrán.
Locales18/05/2023
leonardo fernández acosta
El reto público al intendente de Pirané, Mario Norberto Diakovsky, fue denigrante para un representante de esa localidad en su propio pueblo y delante de toda su gente. Sin embargo no es el único intendente que ha caído en desgracia respecto de los fondos para la campaña electoral.
Pero lejos de ser el principal problema de los intendentes sumisos al gildismo, el dinero para la campaña pasa a un segundo plano, cuando caen en la cuenta (aquellos que han averiguado) que pueden correr la misma suerte de impugnación, que el compañero conductor, Gildo Insfrán.
En la lista entrarían en un orden aleatorio, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, que va por su tercer mandato, luego el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, que también va por su tercer mandato, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, por su quinto período.
Atilio Basualdo de Las Lomitas va por su tercer período y suman todos los que cuando el domingo oficialicen sus nombres, quedarán en la situación de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema: Mario Diakovsky de Pirané, Adan Jarzynki de Ibarreta, Ricardo Lemos de Laguna Blanca, Juan Carlos Jacquemin de Fontana, Ruben Solalinde de Riacho He Hé, Raul D´Zakich de Palo Santo, José Lezcano de Misión Laishí, Lorenzo Schmidt de Villa Dos Trece, Luis Corvalán de Laguna Yema, Aldo Minetti de Belgrano, Ramón Blasco de Mosconi, Celia Robles de Villa Escolar, Ruben Pereira de Buena Vista, Salvador Figueredo de San Hilario, Guillermo Silva de Tres Lagunas, Antonio Caldera de Los Chiriguanos, Diego Romero de Subteniente Perín, Antonio Torrez de Fortín Lugones, entre otros presidentes de Comisión de Fomento que están pasados de re reelecciones si así lo resuelve la Corte Suprema respecto de la candidatura al octavo mandato del gobernador Insfrán.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
