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La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla $1,442 billones de gasto con ubicación geográfica en Formosa. Sin embargo, más del 90% corresponde a transferencias, principalmente jubilaciones, pensiones y programas sociales. Para Vialidad Nacional aparecen $12.950 millones y para infraestructura educativa apenas $209 millones.

El gerente de Aguas de Formosa salió a explicar el 22,2% como alumno que llega a un final sin haber abierto un libro: enumeró energía, salarios, insumos y costos operativos, habló mucho y explicó poco. La cuenta que transforma toda esa “sarasa” en un aumento concreto para el bolsillo de los usuarios, curiosamente, nunca apareció.