Superavit

La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.

El organismo provincial volvió a demostrar que la improvisación burocrática la terminan pagando los ciudadanos: primero cerró el trámite y después reveló las exclusiones, obligando a cientos de familias a correr contra el reloj. Cuando se administra la esperanza de acceder a una vivienda, la desorganización no es un detalle: se traduce en angustia, incertidumbre y en la sensación de que el Estado siempre llega tarde.

La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo de Formosa descubrió que las rutas nacionales están destruidas y llevó el reclamo a la Justicia. Bien. Pero administra su lupa con una precisión sospechosa: mira con furia los 1.307 kilómetros que dependen de Buenos Aires y aparta la vista de los 4.105 kilómetros que dependen de Gildo Insfrán. La seguridad vial no puede ser un derecho de dos velocidades. Un pozo provincial mata igual que uno nacional. Y el silencio de Gialluca sobre la red que administra la Provincia ya no es un olvido: es una decisión política.