Mattia Canepa Neme

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo de Formosa descubrió que las rutas nacionales están destruidas y llevó el reclamo a la Justicia. Bien. Pero administra su lupa con una precisión sospechosa: mira con furia los 1.307 kilómetros que dependen de Buenos Aires y aparta la vista de los 4.105 kilómetros que dependen de Gildo Insfrán. La seguridad vial no puede ser un derecho de dos velocidades. Un pozo provincial mata igual que uno nacional. Y el silencio de Gialluca sobre la red que administra la Provincia ya no es un olvido: es una decisión política.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla $1,442 billones de gasto con ubicación geográfica en Formosa. Sin embargo, más del 90% corresponde a transferencias, principalmente jubilaciones, pensiones y programas sociales. Para Vialidad Nacional aparecen $12.950 millones y para infraestructura educativa apenas $209 millones.

El gerente de Aguas de Formosa salió a explicar el 22,2% como alumno que llega a un final sin haber abierto un libro: enumeró energía, salarios, insumos y costos operativos, habló mucho y explicó poco. La cuenta que transforma toda esa “sarasa” en un aumento concreto para el bolsillo de los usuarios, curiosamente, nunca apareció.