leonardo fernández acostaLa Municipalidad de Formosa parece haber descubierto de golpe la defensa irrestricta de los espacios públicos. Lo hizo después de que el concejal de La Libertad Avanza, Mattia Cánepa Neme, encabezara una actividad deportiva en el playón del barrio Laura Vicuña y presentara el hecho como una inauguración de una obra ya terminada.
La reacción fue inmediata. El flamante subsecretario de Gobierno, José Olmedo, habló de una posible "usurpación" de un espacio público y confirmó que el Ejecutivo analiza acciones legales. De repente, la ocupación indebida de bienes municipales se convirtió en una cuestión de máxima gravedad institucional.
Sin embargo, la pregunta surge sola: ¿dónde estuvo esa preocupación cuando otros dirigentes vinculados al oficialismo realizan intervenciones en espacios públicos, calles y barrios del ejido urbano utilizando recursos y maquinaria que no dependen de la Municipalidad?
Si la vara es la misma para todos, sería lógico que el Municipio también explicara qué ocurre con las permanentes tareas de enripiado, mejoramiento y obras barriales que el concejal justicialista Marcelo Sosa exhibe regularmente en distintos sectores de la ciudad. Trabajos que, según denuncian vecinos y sectores opositores, se realizan con participación de empresas privadas y recursos cuya intervención en espacios bajo jurisdicción municipal nunca fue aclarada públicamente.
Tampoco se conocen cuestionamientos oficiales hacia la concejal María del Carmen Argañaraz, más conocida como "La Petu", quien habitualmente aparece encabezando operativos y trabajos dentro de la ciudad utilizando maquinaria identificada con organismos provinciales, entre ellos el Instituto Provincial de la Vivienda. Máquinas, equipos y recursos que desarrollan tareas dentro del ejido urbano sin que se conozcan convenios, autorizaciones especiales o explicaciones formales por parte de las autoridades municipales.
La contradicción es evidente. Cuando la actividad la realiza un opositor, se habla de usurpación, denuncias y posibles infracciones. Cuando quienes intervienen son dirigentes alineados con el oficialismo, reina el silencio administrativo.
La defensa del patrimonio público no puede ser selectiva. La ley pierde legitimidad cuando se aplica únicamente contra los adversarios políticos y se vuelve invisible frente a los aliados. Si inaugurar una obra terminada sin autorización municipal constituye una conducta reprochable, también debería ser objeto de análisis cualquier intervención sobre calles, espacios verdes o infraestructura urbana realizada al margen de los procedimientos institucionales correspondientes.
La cuestión de fondo no es Mattia Cánepa Neme. La cuestión es la coherencia. Porque un Estado serio no puede tener una interpretación de las normas para la oposición y otra para quienes integran el mismo espacio político que gobierna la ciudad y la provincia desde hace décadas.
Si el Municipio realmente pretende defender sus competencias y los espacios públicos de los formoseños, debería empezar por mirar en todas las direcciones. De lo contrario, la denuncia anunciada por Olmedo corre el riesgo de convertirse en una simple demostración de disciplinamiento político y no en una auténtica defensa de la legalidad.
Cuando la justicia y las normas se utilizan de manera selectiva, dejan de ser herramientas institucionales para transformarse en instrumentos de conveniencia política. Y eso, más que una inauguración anticipada, debería ser lo verdaderamente preocupante.
