Lejos quedó el más del 60% o el 70% que acostumbraba a redondear, Gildo Insfrán con el aparato del PJ y desde hace años no se da este tipo de resultados en las elecciones de la provincia.
A las 18 hs. cerraron las puertas de la mayoría de las 306 escuelas habilitadas este domingo para la recepción de votos de los casi 468.299 ciudadanos previstos que pudieran votar este domingo en las PASO 2021. Se esperan recién para las 21 hs. los primeros datos oficiales del denominado escrutinio provisorio que comenzó hace minutos mesa por mesa.
A la vez, por primera vez será posible acceder a los resultados por mesa, y ver los más de 100 mil telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
