Prefectura secuestró 60 kilos de marihuana en el kilómetro 130 del río Paraguay

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Defender la universidad pública no significa justificar el gasto sin límites ni volver a la emisión y la inflación para financiarlo. Sin equilibrio fiscal, también quedan en riesgo la salud, la seguridad y los recursos que reciben las provincias. La discusión no es educación sí o no: es cómo financiarla sin empobrecer a la sociedad y cómo terminar con los privilegios, la falta de controles y el uso político de los recursos públicos.

Mientras De Loredo lanza "Hacer el Futuro" y usa a Formosa como sinónimo de estancamiento, la provincia gobernada por el peronismo desde 1995 sigue sin poder escribir su propia historia: pobreza estructural, dependencia del empleo público y una dirigencia que hace décadas confunde perpetuarse con gobernar.

La Policía de Formosa confirmó la detención del presunto autor del doble homicidio ocurrido el viernes por la mañana en una estancia de Gran Guardia, donde un hombre y una mujer murieron por heridas de arma de fuego y una tercera mujer resultó lesionada. El arresto se produjo en territorio santafesino luego de que el sospechoso intentara alejarse de la provincia en un micro de larga distancia, y significó el cierre de una primera etapa de una investigación que avanza bajo la dirección de la Justicia.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.