Mientras que el subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, explica la importancia de preservar los humedales en el Día de los Humedales en Formosa se desmonta de manera descontrolada.
Locales02/02/2022
leonardo fernández acosta
Mientras que el subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, explica la importancia de preservar los humedales en el Día de los Humedales y contar con una herramienta legal que los proteja y les permita cumplir sus funciones ambientales y productivas gracias a la Ley N°1660, alrededor de 110.180 hectáreas de bosque fueron destruidas en las provincias argentinas de Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Salta durante el año 2021 como resultado de prácticas ilegales, según Greenpeace.
“Significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió la ONG.
La organización dijo que 52.290 hectáreas fueron arrasadas en Santiago del Estero; 29,165 en Formosa; 18.068 en el Chaco y 10.657 en Salta o -en otras palabras- cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires fueron objeto de estas prácticas, según el informe anual de Greenpeace, que también alertó sobre un “aumento de la deforestación ilegal en el norte argentino”.
El documento también señala que casi la mitad de la deforestación ocurrió en Santiago del Estero, de la cual más del 80% fue ilegal, un considerable aumento frente al 50% de años anteriores.
La organización dijo que 52.290 hectáreas fueron arrasadas en Santiago del Estero; 29,165 en Formosa; 18.068 en el Chaco y 10.657 en Salta o -en otras palabras- cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires fueron objeto de estas prácticas, según el informe anual de Greenpeace, que también alertó sobre un “aumento de la deforestación ilegal en el norte argentino”.
Hernán Giardini de Greenpeace explicó que detrás de este fenómeno en Santiago del Estero hubo una expansión considerable de la ganadería. La provincia “lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y autoriza el desmonte selectivo, supuestamente sustentable, pero a la larga es un desmonte por etapas”.
Agregó que “a veces los mapas de expansión de la ganadería en el norte no coinciden con los mapas que tienen las propias provincias para el cuidado de la selva”.
En el caso de Chaco, un fallo judicial de noviembre de 2020 ordenó la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se actualizara su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pese a lo cual la deforestación continuó. “Más de 18.000 hectáreas de desmonte es mucho para una provincia donde la justicia dijo que no tenían que desbrozar más hasta que tuvieran un nuevo mapa de planificación. Esto demuestra que ni la justicia puede detenerlo si no hay herramientas”, dijo Giardini.
El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia en el tiempo no hace más que agravarlo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Argentina se ubicó entre los diez países que más deforestaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas por año, mientras que datos del Ministerio de Medio Ambiente de Argentina mostraron que entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos en el país fue cercana a los 7 millones de hectáreas.
Las cifras publicadas en el informe de 2021, alarmantes en sí mismas, no tienen en cuenta los efectos de los incendios forestales. El estudio se basa en la comparación de imágenes de satélite, pero el proceso es más complejo si se analizan zonas quemadas.
“Aunque desde 2014 ha habido una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. En 2020 hubo un crecimiento importante en la pérdida de bosques, debido a la gran cantidad de incendios”, señala el informe de Greenpeace. También destaca que las multas no parecen tener un efecto disuasorio para los responsables de estas malas prácticas, principalmente porque ni siquiera pagan esas sanciones pecuniarias.
El informe de Greenpeace de 2021 mostró algo que ha ido creciendo con el tiempo y empeoró en medio de una pandemia mundial y una crisis climática cada vez más notoria. “Lo hemos estado monitoreando durante más de 6 años, y con la pandemia no hubo mucha disminución. La tendencia sigue siendo más o menos estable. Y vemos un aumento en la ilegalidad y hay preocupación en ese punto. La situación de crisis climática nos obliga a pensar no solo en lo ilegal, sino en la deforestación cero a futuro”, dijo Giardini a Tiempo Argentino.
En enero de 2022, con temperaturas que promediaron los 43º centígrados en Resistencia (Chaco), la organización Somos Monte difundió varios videos de camiones cargados de árboles caídos producto de la producción de taninos. El grupo también destacó que en octubre “las empresas Tirol y La Escondida habían admitido en un juicio” que utilizaban árboles de quebracho provenientes de desmontes, lo que involucraba a las nuevas plantas de biomasa pintadas falsamente como limpias.
Cada año se sacaban del Bosque Impenetrable 80.000 toneladas de quebrachos de varios siglos de antigüedad a razón de 6 camiones por día, los 365 días del año. Cada camión carga alrededor de 35 toneladas.
“Frente al colapso climático que estamos viviendo estos días y ante el bochornoso fracaso de la Dirección de Administración Forestal en la provincia, la única respuesta hasta ahora del gobierno es el silencio. No atienden solicitudes de informes, no dan acceso a denuncias. Nación, en cambio, sí. Aquí las autoridades se niegan a un debate constructivo. La estrategia es silenciar los movimientos ambientalistas que hablan de desmonte”, dijo Dardo Tiddi, de Somos Monte Chaco.
Agregó que la corrupción juega un papel importante en estas acciones. “Estamos haciendo lo que las autoridades forestales no quieren hacer: estamos controlando los desmontes ilegales, las quemas, denunciando en los medios porque no nos dan otra alternativa. Y en los juzgados cuando se nos da la oportunidad. Tenemos dos juicios muy serios, uno con una sentencia de primera instancia. Tenemos un código territorial que venció hace ocho años. Y nos encontramos frente a poderes como las empresas de tanino, que quieren aumentar lo que quieren desmantelar”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
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