En el primer programa de periodismo de investigación del ciclo, el tema fue el espionaje practicado por la policía, los vínculos con el narcotráfico y como funcionan con una ley de la dictadura.
Locales07/02/2022
leonardo fernández acosta
En el primer programa de Formosa Investiga, los recursos fueron casi artesanales debido a la fuerte censura que existe por parte del gobierno de Gildo Insfrán hacia todos los privados que pauten a este tipo de periodismo, sobre todo si critica al oficialismo.
Aún así y con muchas dificultades, las redes sociales y los canales audiovisuales de internet posibilitaron un acotado avance de un programa que tiene una hora de duración y que ha tenido un comienzo con 784 personas que vieron la producción en el canal de youtube, 312 en la fanpage de El Ciudadano y 1700 reproducciones en el perfil de Leo Fernández Acosta un domingo a las 21 horas.
El acompañamiento de la gente que demanda cada vez una mayor calidad de periodismo, fue la columna vertebral del trabajo periodístico, sin embargo por problemas técnicos, hubo una demora de casi 20 minutos para poder empezar y otras circunstancias que finalmente pusieron al aire un producto que duró cerca de 40 minutos.
La policía militante
En el programa quedó expuesta solo una parte de la mafia que maneja un sistema de espionaje sostenido por una ley del año 1969 y que no ha sido reformado sino en uno de sus artículos que define el jefe de la policía.
Periodismo profesional pudo comprobar en una de las capturas de los correos espías, que figura un correo [email protected], quien envía los informes, pertenecería al Comisario Mayor, Néstor García, quien sigue desempeñándose en el Departamento de Informaciones. Un dato fácilmente comprobable pero que ni la justicia provincial ni la federal han investigado siendo tan obvio y con la torpeza de los policías de usar el nombre propio para espiar.
Pasaron, el actual jefe de la policía, Comisario General, Walter Arroyo quien en el año 2013 era jefe de la brigada de informaciones y fue denunciado por espionaje a dirigentes de partidos políticos, a Félix Díaz y a periodistas utilizando su propio nombre en el correo electrónico para pasar los informes.
El Dr. Gabriel Hernandez contó los pormenores de la causa y aclaró que sigue vigente y se encuentra en el Juzgado Federal N° 1 de Pablo Morán, sin que hasta el momento haya habido avances significativos.
Periodismo profesional pudo comprobar en una de las capturas de los correos espías, que figura un correo [email protected], quien envía los informes, pertenecería al Comisario Mayor, Néstor García, quien sigue desempeñándose en el Departamento de Informaciones. Un dato fácilmente comprobable pero que ni la justicia provincial ni la federal han investigado en nueve años, siendo tan obvio y con la torpeza de los policías de usar el nombre propio para espiar.
Pasó la diputada provincial, Gabriela Neme que no solo fue víctima del espionaje policial y lo denunció, sino que además expuso que de manera absolutamente ilegal, funciona una oficina del departamento de informaciones en el Circuito Cinco donde no solo espían sino que detienen a personas de manera ilegal.
La abogada, Julieta González, reflexionó sobre su detención en la salvaje represión del 5 de marzo por la cual denunció al Comisario General, Moisés Villagra, Comisario Mayor, Orlando Medina, al Ministro, Jorge González y al gobernador, Gildo Insfrán por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, de privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales, intimidación pública pero que tampoco jamás se tramitó sin siquiera citar a los denunciantes. "El poder no lo ejercen los jueces sino que lo ejerce la misma policía. Son punteros políticos enviados por Insfrán para perseguir a opositores" afirmó.
Pasó un escueto informe sobre las propiedades del Comisario Isaac Traianon, jefe de la brigada de informaciones, en la localidad de Herradura, quien habría utilizado mano de obra para la construcción de su chalet a personal policial y quien terminó la obra cuando todo Formosa estaba en Fase 1.
La dictadura en plena vigencia
Una de las cuestiones dentro del avance de Formosa Investiga, es haber chequeado que la brigada de informaciones de la policía de Formosa se rige por la Ley 428 del año 1969, que se sancionó cuando el país era gobernado por la dictadura de Juan Carlos Onganía y en Formosa hacía lo propio el Coronel, Augusto Sosa Laprida.
Esta ley permite detener a las personas durante 24 horas por averiguación de antecedentes, en el mismo artículo 10° de manera explícita dice que el policía deberá vigilar, registrar y calificar una actividad que la policía deba prevenir. "Controlar el movimiento de pasajeros, huéspedes y pensionistas en cumplimientos de los edictos u ordenanzas" y atribuciones ilegales como organizar " un registro vecinal", algo solo considerable en la dictadura.
El artículo 20 de la norma curiosamente y tratándose nada menos que de una policía militante con verdaderos punteros uniformados, paradójicamente asegura que: "La policía de la provincia no podrá ser utilizada con fines políticos, partidarios, ni aplicada a funcionarios y quienes contravengan esas normas, autorizarán la desobediencia".
El artículo 50° de la Ley reglamenta el Departamento de Informaciones Policiales D-2 con carácter de reservado y en el artículo 62° autoriza la conformación de unidades especiales integradas por personal, sin uniforme para tareas de averiguación y comprobación de delitos, denominada Brigada de Informaciones con una reglamentación especial ¿En que lugar quedarían los jueces respecto de tareas de inteligencia?
Básicamente los edictos policiales han sido derogados en todo el país por considerarlos inconstitucionales. La Ley 428 los autoriza pero si hay una cuestión de clara inconstitucionalidad es la detención por 24 horas por averiguación de antecedentes pero en Formosa, a diferencia de todas las provincias del resto del país, la dictadura sigue plenamente vigente en las leyes aplicadas a conveniencia por la policía militante de Insfrán.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Mientras Formosa se hunde en salarios bajos y servicios colapsados, Gildo Insfrán gasta miles de dólares en vuelos privados para operar políticamente en Buenos Aires. El intento de complot junto a otros gobernadores para frenar la reforma laboral terminó en un papelón en el CFI: no hubo reunión, no hubo foto y no hubo resultados. Solo quedó expuesto el contraste obsceno entre el lujo del poder y el fracaso de una maniobra que nadie quiso acompañar.
Detrás del "hombre fuerte" de pueblo con su retórica soez y sus chistes de cuartel en las redes, se esconde un sistema de nepotismo y poder que lo abarca todo. Incluidas según las versiones, la razón por la cual su esposa no aparece en público. No aparece ella y tampoco la denuncia que siempre se diluye cuando se trata de alguíen impune en el oficialismo.
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
