Definitivamente el fiasco poco transparente de la inscripción, hace que salgan a la superficie, años de corrupción en el IPV, con testigos de concreto, vacíos, abandonados, saqueados, perdidos en la maleza y como contraparte, miles de familias que nuevamente engañadas pierden las esperanzas de tener una vivienda social, algún día.
Locales30/03/2022
leonardo fernández acosta
El fiasco que resultó la fallida inscripción de postulantes para las viviendas del IPV, con la excusa de fallas técnicas no impidió que de manera para nada transparente,1600 personas si pudieran inscribirse, completando una primera parte el primer día y con la página caída, una parte del cupo.
El propio administrador del IPV, Ingeniero, Marcelo Uguelli, reconoció que el día lunes, el portal del IPV no funcionó pero afirmó que si pudieron inscribirse algunas personas y agregó que la página volvería a activarse el día martes desde las 10:00 horas.
Miles de postulantes intentaron infructuosamente ingresar desde el horario establecido para el día siguiente pero no lograron hacerlo porque la página estuvo colapsada todo el tiempo. Todo el portal del IPV e inclusive varias páginas del gobierno.
Sorpresivamente al volver a activarse poco después de las 11 de la mañana, un aviso resaltado con un fondo rojo, explicaba que los 1600 cupos ya se habían completado.
La bronca de los miles de formoseños que no pudieron inscribirse no tardó en estallar en las redes sociales. Desde acusaciones de favorecer a supuestos militantes del gobierno, "Montaron una verdadera estafa a la esperanza de la gente", "Se anotaron todos los militantes de la agrupación de la esposa y él", "Mi hija esta arriba de la computadora desde el día domingo y no pudo" y miles de quejas más, certificaron lo inútil del método utilizado.
Pero lo más grave fue la falta de transparencia, de un proceso oscuro, que termino con todos afuera y con 1600 candidatos pudiendo acceder de manera misteriosa, aún con la página fuera de servicio.
El gobierno debería haber inscripto a todos los que se quisieran inscribir, más allá de la limitación absurda de 1600 personas cuando los postulantes, sin tener los números ciertos, van de un rango de 20 mil a 40 mil personas.
El déficit habitacional que el gobernador Insfrán prometió solucionar para el 2015 se convirtió en una emergencia habitacional y el Barrio Nueva Formosa en donde aún no se terminan el número de viviendas prometidas hace 7 años, es emblema de la corrupción en viviendas del FONAVI.
Manzanas enteras con viviendas terminadas hace más de diez años, abandonadas y llenas de malezas, otras terminadas pero no entregadas por la empresa por falta de pagos de los certificados de obra por parte del gobierno, configuran la escenografía de fondo de una nueva estafa hacia la esperanza de familias que veían en una nueva inscripción, la posibilidad cierta de tener sus propios hogares.
A más de un cuarto de siglo del mismo gobernador, los administradores del IPV se manejan con nuevos fondos nacionales construyendo nuevas viviendas pero no pueden esconder el "lastre" de miles de millones que durante la gestión de Insfrán nadie sabe adonde fueron.
De la misma manera, van cerca de diez años para terminar 5400 viviendas que todavía no se han entregado, se dividieron en cinco etapas, aparecieron sorteos que siempre establecían un cupo de 400 pre adjudicatarios, para luego pasar por otra "amansadora" de espera hasta la entrega. Períodos que podían ser de años.
El escándalo de las inscripciones solo es la punta de un iceberg de corrupción, de tráfico de influencias, de administradores que uno tras otro se disfrazan para esconder la enorme cantidad de millones en casas abandonadas, fondos que no se han aplicado y obras terminadas que no se han pagado.
Uguelli, venía utliizando el mismo maquillaje los anteriores administradores para disfrazar de eficiencia un "agujero negro" de recursos, con un legado imposible de ocultar, salvo la impunidad de uno de tantos organismos provinciales que jamás han sido investigados en un cuarto de siglo o más.
Inclusive desde la comodidad de su oficina no tuvo problemas para utilizar el organismo en la campaña a concejal de su esposa, María del Carmen Argañaráz, repitiendo una costumbre del peronismo, utilizar los recursos públicos, incluido empleados militantes de cada uno de los ministerios como fuerza electoral.
Definitivamente el fiasco poco transparente de la inscripción, hace que salgan a la superficie, años de corrupción en el IPV, con testigos de concreto, vacíos, abandonados, saqueados, perdidos en la maleza y como contraparte, miles de familias que nuevamente engañadas pierden las esperanzas de tener una vivienda social, algún día.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
