Una denuncia que involucraría al Director de Radio Nacional, desalojando con patotas un terreno, salpicaría al Concejal Hugo García y su hermana.
Definitivamente el fiasco poco transparente de la inscripción, hace que salgan a la superficie, años de corrupción en el IPV, con testigos de concreto, vacíos, abandonados, saqueados, perdidos en la maleza y como contraparte, miles de familias que nuevamente engañadas pierden las esperanzas de tener una vivienda social, algún día.
Nada nuevo bajo el sol porque hay hasta jueces habitando viviendas del IPV, pudiendo tranquilamente acceder a créditos hipotecarios, más aún en el caso de Marcelo Sosa, que trabaja en un banco privado y que aparte se hace de fondos extras en las más de cinco campañas que ha realizado como candidato y que no ha ganado una sola.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
