Una denuncia que involucraría al Director de Radio Nacional, desalojando con patotas un terreno, salpicaría al Concejal Hugo García y su hermana.
Definitivamente el fiasco poco transparente de la inscripción, hace que salgan a la superficie, años de corrupción en el IPV, con testigos de concreto, vacíos, abandonados, saqueados, perdidos en la maleza y como contraparte, miles de familias que nuevamente engañadas pierden las esperanzas de tener una vivienda social, algún día.
Nada nuevo bajo el sol porque hay hasta jueces habitando viviendas del IPV, pudiendo tranquilamente acceder a créditos hipotecarios, más aún en el caso de Marcelo Sosa, que trabaja en un banco privado y que aparte se hace de fondos extras en las más de cinco campañas que ha realizado como candidato y que no ha ganado una sola.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
En una entrevista exclusiva, la Hermana Marta Pelloni, fundadora de la Red Infancia Robada, alertó que "hay que pensar en un posible encubrimiento" en la investigación del crimen de la adolescente en Formosa, y vinculó las dudas con la influencia de estructuras de poder, narcotráfico y trata en la provincia.
Los nuevos datos del Consejo de Mayo no solo confirman el ajuste: revelan la fragilidad estructural del insfranismo. Con las transferencias desplomadas, el empleo estatal en crisis y la educación sin fondos, Formosa enfrenta su peor escenario: un Estado gigante sin recursos y un sector privado inexistente.
