“Todo funcionario que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo y nosotros ahora tenemos la obligación de denunciarlos penalmente a nuestros colegas, no es que podemos decidir discrecionalmente si podemos denunciarlos o no porque si no lo denunciamos los que estamos cometiendo delito somos nosotros” dijo el diputado Montoya.
Locales01/04/2022
leonardo fernández acosta
El diputado provincial del radicalismo, Miguel Montoya, en referencia al nombramiento de jueces militantes e incompatibles, dijo que: “Lo que pasó ayer fue un disparate, yo no salgo de mi asombro. Existe el Consejo de la Magistratura que hace una preselección para las vacante de jueces y funcionarios con un examen de oposición y antecedentes y después se mandan las ternas a la legislatura”.
Agregó que: “El jueves nombramos como juez de instrucción penal al Dr. Sergio Felipe Cañete que es esposo de la jueza de ejecución penal es decir, el juez de instrucción determina una condena si la hay para los ciudadanos que son denunciados penalmente y la esposa hace cumplir la condena. Ambos se revisan mutuamente”.
Explicó que: “El ciudadano queda entre medio de un matrimonio y la decisión de la libertad o no de una persona depende de la misma familia judicial”.
Expreso que: “Los diputados cometieron un disparate absoluto, votaron un nombramiento ilegal, cometieron un incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos que está penado por el código penal y específicamente el artículo 253° que dice que todo funcionario público que nombrare a otro funcionario público, a sabiendas de que no reune los requisitos para el cargo, será sancionado con una pena que es, multa en pesos o inhabilitación de seis meses a tres años o sea, los diputados ayer cometieron un delito penal”.
Por otra parte dijo que: “Todo funcionario que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo y nosotros ahora tenemos la obligación de denunciarlos penalmente a nuestros colegas, no es que podemos decidir discrecionalmente si podemos denunciarlos o no porque si no lo denunciamos los que estamos cometiendo delito somos nosotros”.
Es un burro Cabrera, evidentemente el paso de los años lo afectan. El dice que en todo caso esta cuestión la resuelven el Superior Tribunal de Justicia, los legisladores no tenemos que ocuparnos de los requisitos formales para ver si un juez puede ser o no. Tenemos el mandato constitucional de nombrar los jueces y para esto tienen que cumplir todos los requisitos. Lo que dice Cabrera es que: “Nosotros no tenemos que controlar tanto, después que lo controle el Poder Judicial
Aclaró que desde la oposición pidieron que se retire el pliego y ante la negativa se ven en la obligación de denunciar este hecho por la gravedad que esto implica.
Respecto de la afirmación del diputado, Armando Felipe Cabrera que los jueces cuando aceptan el cargo automáticamente renuncian a su afiliación política, y que el sistema judicial penal, funciona con excusaciones de los jueces en estos casos, respondió que: “Es un burro Cabrera, evidentemente el paso de los años lo afectan. El dice que en todo caso esta cuestión la resuelven el Superior Tribunal de Justicia, los legisladores no tenemos que ocuparnos de los requisitos formales para ver si un juez puede ser o no. Tenemos el mandato constitucional de nombrar los jueces y para esto tienen que cumplir todos los requisitos. Lo que dice Cabrera es que: “Nosotros no tenemos que controlar tanto, después que lo controle el Poder Judicial”.
Finalmente dijo que si fuera así cualquiera que sería diputado sin cumplir los requisitos. “Un disparate”.
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En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
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Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
