La urgencia de las decisiones acerca de un frente único, contrasta con la cercanía de la fecha límite. Si las negociaciones vuelven a terminar en un punto muerto por la intransigencia de los candidatos, la alianza no superará el plazo legal para constituirse.
Locales07/05/2023
leonardo fernández acosta
A espaldas de los electores, nuevamente los dirigentes del radicalismo “patean” la reunión clave entre los candidatos a gobernador, Fernando Carbajal y Francisco Paoltroni, del lunes 8 al martes 9, última fecha para el cierre de las alianzas.
Como se esperaba la primera reunión del día viernes, terminó sin avances significativos y con anuncios desprendidos de uno y otro sector pero con una promesa de un cuarto intermedio para este lunes. Sin embargo los dirigentes nacionales del radicalismo decidieron posponer la reunión para el día martes de manera unilateral.
Sin razón alguna, tan solo llevaron la reunión de la cual todos los que apoyan la oposición esperan definiciones, a la fecha al límite de la presentación de las alianzas que vence el mismo día martes 9.
Sin la más absoluta transparencia que amerita este tipo de procesos, los referentes de Juntos por el Cambio, tan solo decidieron cambiar la agenda, poniendo en peligro (por el corto plazo) las negociaciones necesarias para ir unidos en un solo frente.
Las razones no van más allá de los rumores respecto de otro conflicto que habría surgido, contradictoriamente, desde quien venía a mediar en la solución. El senador nacional, Luis Naidenoff, no estaría de acuerdo con las condiciones impuestas para la alianza porque debería modificar los cargos que le corresponderían a su sector y no estaría interesado en seguir participando de las negociaciones.
La urgencia de las decisiones acerca de un frente único, contrasta con la cercanía de la fecha límite. Si las negociaciones vuelven a terminar en un punto muerto por la intransigencia de los candidatos, la alianza no superará el plazo legal para constituirse.
Un sector del radicalismo explicó que estaban en la provincia de Jujuy por las elecciones que se estaban llevando a cabo este domingo y que viajarían el lunes por la mañana hacia Formosa.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
