El día de ayer después de casi una semana de cursar con síntomas graves, falleció uno de los custodios personales de quien encabezó durante todos estos días las conferencias del gobierno.
Locales13/05/2021
leonardo fernández acosta
El día de hoy, el Consejo de Atención a la Emergencia COVID 19, confirmó entre los fallecidos por coronavirus al oficial principal, Sergio Bobadilla de 39 años de edad, perteneciente a la policía de la provincia de Formosa quien se habría agravado en los últimos siete días de aislamiento.
Bobadilla estaba muy cerca de su ascenso a subcomisario y prestaba servicio como custodia personal del Ministro de Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge González y que en el transcurso del coronavirus tuvo un deterioro rápido de su estado de salud que derivó en su fallecimiento.
Inmediatamente de conocido donde prestaba servicio el funcionario policial al contraer la enfermedad y respecto de la cercanía con el Ministro González, siendo su custodio personal, este ultimo, activo participante de las conferencias de prensa diarias, no dejó de asistir en los últimos 15 días por lo que tampoco cumplió aislamiento al tratarse de un potencial contacto estrecho.
periodismoprofesional.com.ar pudo averiguar que el último hisopado en el sistema de Bobadilla fue el día 24 de abril pero era negativo por tanto el PCR positivo no fue cargado en el sistema y se tendría que haber efectuado en los últimos 15 días, algo que coloca a quien más exige causas para quienes no cumplen los protocolos en una situación complicada.
El día de hoy González no asistió a la conferencia de prensa por lo que la pregunta obligada acerca de porque no cumplió cuarentena no pudo realizarse pero de todas maneras deberá dar las explicaciones necesarias a poco más de 48 horas de un violento allanamiento en la vivienda de una persona que estaba cumpliendo el trámite en su vivienda y que fuera trasladado como un delincuente a un Centro de Asistencia Sanitaria.
¿Está incurso el Ministro más polémico del gabinete de Insfrán una una causa penal por la violación del Artículo 205 del Código Penal al poner en riesgo la salud pública?
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
