Aún y a pesar de que la provincia tuvo un año para prepararse para una situación de altos contagios no lo ha hecho por lo que los ciudadanos pueden demandar al estado por la falta de asistencia.
Locales19/05/2021
leonardo fernández acosta
Después de más de un año en donde los ciudadanos comunes han sufrido recurrentes aislamientos obligatorios o varios estados de Fase 1, inclusive vigente al momento de esta nota, el estado no solo no ha logrado controlar los contagios sino que tiene el sistema sanitario colapsado con el consecuente perjuicio para privados sino que afronta el peor momento de la pandemia con falta de camas, respiradores, médicos y todo tipo de recursos, inclusive hospitales.
Es así que ante la evidente falta de previsión por parte del estado provincial, las personas en general que no hayan sido asistidas y perjudicadas por las más diversas razones como falta de reactivos, detección tardía, asistencia con el sistema de ambulancias SIPEC, negación de asistencia con oxígeno por la edad, falta de lugares para atención médica, médicos o enfermeros, entre otras varias razones, pueden demandar al estado por los daños y perjuicios provocados.
Según explicó el abogado, Pablo Cuesta, "El ciudadano debe y puede demandar al Estado por los perjuicios provocados, incluso en la persona directa del gobernador o sus colaboradores del Consejo de Atención Integral COVID 19, dado que tuvieron suficiente tiempo y dinero adicional para prepara la emergencia en el caso que no llegaran las vacunas como pasó finalmente".
Según aclaró Cuesta, el Artículo 774 del Código Civil y Comercial especifica que la prestación de un servicio puede consistir en: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso.
"Esto lo que quiere decir es que la gente debe y puede guardar mensajes de Watshap, llamadas, filmaciones, testimonios , documentaciones, negación o falta de medicamentos, todo tipo de prueba que demuestre la falta y/o negligencia del Estado y los responsables directos" explicó el abogado.
Dijo además que, "La Corte Suprema ya ha receptado este tipo de demandas, el Derecho a la Salud, a la Vida , los derechos del Paciente son claros, si no se logra salvarlo, se debía disponer de los medios para afrontar independientemente del resultado".
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
